Podemos empieza a cobrar una cuota a sus militantes en pleno escándalo de la ‘caja B’

Los militantes de Podemos tendrán que pagar una cuota mensual obligatoria. El partido ha creado una nueva normativa en la que se obliga a sus simpatizantes a abonar 3 euros al mes para poder seguir formando parte del censo de la formación.

La celebración de la Tercera Asamblea Ciudadana de Podemos, en la que Pablo Iglesias salió reelegido en unas primarias sin contrincantes, supuso también la aprobación de nuevos documentos normativos que incluyen, entre otros asuntos, la obligatoriedad de pagar una cuota. El partido presumía de no exigir una contribución económica a su militancia, pero las cosas han cambiado para los morados. La normativa se publica en pleno escándalo de Podemos por la investigación de sus cuentas.

El partido afirma en el nuevo documento que han pasado de ser «una máquina de guerra electoral a una organización democrática y popular cuya militancia, a partir de su labor política y social en el territorio, se transforma en el eje central para el diseño y desarrollo de nuestra estrategia y plan de trabajo». Ello implica, aseguran, que los simpatizantes tendrán más capacidad de decisión sobre el rumbo de sus políticas. Eso sí, previo pago de una cuota.

A partir de ahora aumentan los requisitos: para ser reconocido como militante es necesario tener verificada la identidad -a través de su portal de participación-, adscribirse a un círculo (grupos de simpatizantes de Podemos) y estar al corriente de pago de la cuota establecida, que se abonará a través de la página web y domiciliando el recibo.

Los inscritos podrán pedir la exención de pago si son personas desempleadas, pensionistas con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, estudiantes sin ingresos, personas que reciben el ingreso mínimo vital o ciudadanos que no alcancen unos ingresos mensuales superiores al SMI. Para beneficiarse, el militante debe presentar una declaración jurada que acredite alguna de las circunstancias y que podrá ser requerida en cualquier momento por el partido.

El partido avisa que «si la persona militante no procede al abono de la cuota y no se encuentra dentro de los supuestos de exención de este reglamento, se procederá a cursar baja de su condición de militante».

Normativa de Iglesias

Podemos ya avisó meses atrás de que impondría este cambio, pero no ha sido hasta ahora cuando la formación ha lanzado un reglamento para comenzar a cobrar las cuotas de sus afiliados.

En su documento organizativo que salió de la celebración de las últimas primarias, el partido adelantaba que «la figura jurídica de la persona afiliada» cobraría «un nuevo sentido y será el de la persona militante». Avisaban así que «para ser integrante de pleno derecho en la organización será necesario abonar una cuota popular».

«Consideramos ineludible este compromiso material y simbólico para con un proyecto que se sostiene al margen de los bancos», justificó la formación.

‘Caja B’

El partido ha decidido implantar finalmente la cuota en plena investigación de la llamada  ‘Caja de Solidaridad’ de la formación por parte del juez. Cabe recordar que Podemos está imputado en el marco de la investigación por irregularidades en su financiación.

El juez acordó las diligencias tras la declaración del ex jefe del equipo jurídico de Podemos, José Manuel Calvente -purgado por el partido por sus indagaciones- quien ratificó que la formación morada tenía una ‘caja B’ y pagaba sobresueldos.

El letrado enumeró «una a una» las irregularidades expuestas en la denuncia presentada ante la Guardia Civil, que ha dado lugar a la apertura de esta investigación judicial contra Podemos. En la misma hablaba de la existencia de una «Caja de Solidaridad» que estaría siendo utilizada como una ‘caja B’ del partido para ocultar gastos opacos.

Esta caja fue creada en 2018 a iniciativa de Rafael Mayoral, secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, nutriéndose de las donaciones mensuales de cargos públicos estatales del partido. Por tanto, según su reglamento, este dinero debía destinarse a «donaciones a colectivos, entidades, procesos litigiosos o cajas de resistencia de colectivos en movilización y o huelga que pueda haber abiertas».

Sin embargo, José Manuel Calvente detectó irregularidades al observar que esta «Caja de Solidaridad» estaba siendo utilizada por Mayoral para realizar donaciones de forma indiscriminada, y sin control legal alguno sobre los destinatarios, a supuestas entidades opacas y sin identificar. Entre estas entidades se encontraba una supuesta asociación denominada #404 Comunicación Popular que no está registrada.