Podemos admite que no destina el 85% de las donaciones de sus cargos a causas sociales

Sólo el 15% de las donaciones que los cargos de Podemos están obligados a realizar van destinados a causas sociales. A pesar de que el partido ha usado el ‘fin benéfico’ como uno de sus argumentos principales durante los últimos días, lo cierto es que el 85% del dinero recaudado no se gasta en este tipo de proyectos.

La supuesta ‘caja B’ de Podemos ha generado todo tipo de dudas durante las últimas semanas. La denuncia del abogado purgado, José Manuel Calvente, sobre las supuestas irregularidades de la formación morada ha hecho emerger muchas preguntas que siguen sin ser respondidas.

Según el código ético de Podemos, los cargos de la formación deben donar el excedente de tres salarios mínimos al partido. Pero sólo una minoría de esta recaudación se dedica a fines sociales, la llamada ‘caja de solidaridad’. Concretamente, el 15%. Así puede comprobarse en la normativa interna que reza lo siguiente: «Los fondos económicos de la Caja de Solidaridad derivarán de las donaciones que, con carácter mensual, realizan los cargos públicos estatales de Podemos. Del total donado, un 15% será destinado a este fin solidario. El Equipo de Finanzas y Transparencia se encargará de la correcta custodia de este importe hasta que su ejecución sea llevada a término, para lo cual, habilitará una cuenta corriente exclusiva destinada a la Caja de Solidaridad».

Pero, ¿y el 85% restante? Si la opacidad sobre los colectivos o asociaciones que reciben financiación de la ‘caja de solidaridad’ es total, más desconocidos son aún son los fines a los que se destina el resto del presupuesto.

Según las cuentas publicadas por el partido en su portal de transparencia, la formación recaudó 1,9 millones de euros en el año 2019 a través de las aportaciones de sus cargos públicos. Por lo tanto, y siempre según normativa de Podemos, sólo 285.000 euros son usados para proyectos sociales por lo que más de 1,6 millones de la recaudación tiene un fin desconocido.

Aviso del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas ha detectado que Podemos carecía de una cuenta específica para ingresar las donaciones de sus cargos, algo que supone un incumplimiento de la ley de financiación de partidos políticos.

Así lo recoge en concreto en el informe relativo a la fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y las actividades de éstos, financiados con cargo a subvenciones públicas, durante el ejercicio 2016.

El organismo fiscalizador señala que Podemos «no disponía en el ejercicio 2016 de una cuenta bancaria específica para el ingreso de las aportaciones de cargos públicos, incumpliendo lo señalado en el artículo 8.1» de la ley de financiación de los partidos políticos (LOFPP).
Así, las aportaciones «fueron ingresadas en una de las cuentas bancarias abiertas exclusivamente para recibir las donaciones, lo que vulnera el artículo 4.2 b) de la LOFPP».

‘Caja B’ de Podemos

La formación de Pablo Iglesias está imputada en el marco de la investigación por irregularidades en su financiación.

El juez acordó las diligencias tras la declaración del ex jefe del equipo jurídico de Podemos, José Manuel Calvente -purgado del partido por sus indagaciones- quien ratificó que la formación morada tenía una ‘caja B’ y pagaba sobresueldos.

El letrado enumeró «una a una» las irregularidades expuestas en la denuncia presentada ante la Guardia Civil, que ha dado lugar a la apertura de esta investigación judicial contra Podemos. En la misma hablaba de la existencia de una «Caja de Solidaridad» que estaba siendo utilizada como una ‘caja B’ del partido para ocultar gastos opacos.

Esta caja fue creada en 2018 a iniciativa de Rafael Mayoral, secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, y se nutría de las donaciones mensuales de cargos públicos estatales del partido. Por tanto, según su Reglamento, este dinero debía destinarse a «donaciones a colectivos, entidades, procesos litigiosos o cajas de resistencia de colectivos en movilización y o huelga que pueda haber abiertas».

Sin embargo, José Manuel Calvente detectó irregularidades al observar que esta «Caja de Solidaridad» estaba siendo utilizada por Rafael Mayoral para realizar donaciones de forma indiscriminada y sin control legal alguno sobre los destinatarios, a supuestas entidades opacas y sin identificar. Entre estas entidades se encontraba una supuesta asociación denominada #404 Comunicación Popular que no está registrada.