Podemos declara la guerra al uso del avión: propone billetes más caros y cerrar trayectos

Podemos declara la guerra al transporte en avión y, entre sus medidas, propone encarecer los billetes o incluso cerrar trayectos aéreos. 

Así lo ha defendido este domingo el coportavoz de la dirección estatal del partido, Pablo Fernández, quien ha señalado que apuestan por invertir en el ferrocarril de media y corta distancia y promover la movilidad sostenible en áreas metropolitanas en vez de utilizar medios de transporte contaminantes como puede ser el avión.

Sobre sus planes, la formación no descarta subir el precio de los billetes o cerrar trayectos aéreos que tengan una alternativa ferroviaria similar. Según Fernández «hay que estudiar las mejores medidas o las más disuasorias para que no se utilicen de forma tan intensa esos medios de desplazamiento tan contaminantes».

El dirigente podemita ha destacado que «el transporte sostenible no es que sea el futuro, es que es la única opción» y, en este contexto, ha considerado que se tendrán que «estudiar y aplicar medidas que promuevan o privilegien medios de transporte que sean más sostenibles y menos contaminantes».

La propuesta coincide con la que, unos meses atrás, ya manifestó Pedro Sánchez en su informe España 2050. 

En este documento, que recoge las líneas estratégicas del Gobierno para las próximas décadas, se aboga por prohibir los vuelos que tengan alternativa en tren de menos de 2,5 horas.

«Se recomienda prohibir los vuelos en aquellos trayectos que puedan realizarse en tren en menos de 2,5 horas», señala en concreto este plan en uno de sus objetivos medioambientales orientado a reducir a 2 millones de toneladas las emisiones del sector del transporte español para ese año.

No es la única propuesta que estudia el Ejecutivo. También se pretende ajustar la fiscalidad del transporte por carretera al uso real del vehículo, es decir, pasando de los actuales figuras fiscales sobre la compra, circulación y combustibles, a un impuesto sobre el uso medido real del vehículo que tenga en cuenta sus características, como el peso, potencia, emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero.

Además, el Gobierno ha planteado también un ‘impuestazo’ por el uso de la red de carreteras del Estado, según recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En concreto, el Ejecutivo sostiene que, de acuerdo con la experiencia internacional, de 2 a 3 años es el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar este sistema de pago por uso a nivel nacional.