Plus Ultra ocultó a la SEPI casi medio millón en deudas con la Seguridad Social para obtener el rescate de 53 millones

• Luis Balcarce @lbalcarce
• Vicedirector de OKDIARIO.
• • 25/05/2026 05:47
  • Actualizado: 25/05/2026 05:47

Para recibir el rescate de 53 millones de euros del Estado, Plus Ultra tenía que demostrar que estaba al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. Lo demostró con dos certificados oficiales. El problema es que ambos no se ajustaban a la realidad. Eso es lo que acredita la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en sus informes del 22 de abril de 2026, después de cruzar la documentación que la aerolínea venezolana presentó ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con la información que la propia Tesorería General de la Seguridad Social proporcionó al juzgado.

La normativa del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) era clara: para optar al rescate público, las empresas solicitantes debían estar al corriente con la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2019. Plus Ultra no lo estaba. Llevaba más de dos años acumulando deudas aplazadas cuando presentó su solicitud.

Sin embargo, el 1 de septiembre de 2020 adjuntó a su expediente dos certificados, ambos fechados el 20 de agosto, en los que dos funcionarias de la Tesorería General certificaban que la aerolínea «no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social» y que a 31 de diciembre de 2019 se encontraba al corriente de sus obligaciones. Esos documentos eran el pasaporte para que el expediente siguiera adelante. Y siguió.

La UDEF, sin embargo, fue directamente a la fuente. Mediante mandamiento judicial requirió a la Tesorería General toda la información sobre las deudas y certificados de Plus Ultra entre 2019 y 2021. La respuesta fue la contraria a lo que decían los certificados: el 20 de agosto de 2020, la misma fecha en que se expidieron los documentos que Plus Ultra presentó a la SEPI, la aerolínea mantenía una deuda pendiente.

En el momento en que se expidieron los certificados que decían que todo estaba en regla, la aerolínea tenía pendiente de resolución una segunda solicitud de reconsideración de su aplazamiento —presentada apenas dos meses antes, en junio de 2020— para incluir también la deuda de mayo de ese año. No había liquidado nada. Simplemente había ido aplazando, y seguía haciéndolo mientras presentaba al Estado documentos que certificaban lo contrario.

Tres años acumulando deudas

La UDEF reconstruyó el historial completo. Plus Ultra llevaba pidiendo aplazamientos a la Seguridad Social desde 2017. Primero fueron 136.000 euros. Luego, en plena pandemia, amplió ese aplazamiento para incluir nuevas deudas hasta alcanzar los 308.000 euros. Después pidió una segunda ampliación. El propio director de Recursos Humanos de la compañía reconoció en un chat intervenido por la policía que «la TGSS nunca ha visto con buenos ojos varias reconsideraciones de deudas en el mismo año».

En octubre de 2020 —ya con el expediente del rescate en marcha— la Tesorería concedió un nuevo aplazamiento que englobaba todas las deudas acumuladas desde julio de 2017 hasta mayo de 2020: 451.954,79 euros. El dato no lo aportó solo la UDEF. Lo confirmó también Deloitte, el auditor externo contratado por la SEPI para revisar la solicitud, que en su informe del 26 de febrero de 2021 recogió que Plus Ultra le había facilitado la resolución de ese aplazamiento. Es decir, el propio auditor sabía de la deuda. La pregunta que deja abierta el informe policial es por qué eso no impidió la concesión del rescate.

Hay un tercer certificado en esta historia. Deloitte lo menciona en su informe: Plus Ultra le proporcionó un documento de estar al corriente con la Seguridad Social fechado el 24 de febrero de 2021, cuando el proceso de concesión estaba ya en su fase final. Ese certificado, sin embargo, no aparece en el expediente que la SEPI entregó al juzgado, ni la Tesorería lo menciona en su respuesta al mandamiento judicial. Nadie sabe dónde está.

«Pedimos nota de crédito y facturamos por Aerovip»

Mientras el expediente avanzaba, los directivos de Plus Ultra estaban ocupados en otra cosa: retocar la documentación que iban a presentar a la SEPI para que no aparecieran nombres incómodos. El 2 de marzo de 2021, en un chat grupal al que la policía tuvo acceso, el asesor de la compañía Santiago Fernández Lena advirtió al director de operaciones Roberto Roselli de que en el listado de deudas figuraba un pago de 40.000 euros a Raif El Arigie Harbie —consejero de la propia aerolínea— y que eso podría «generar contingencias» ante la SEPI.

La solución fue inmediata: «Podría hacerlo vía Aerovip. Pedimos NC y facturamos por Aerovip.» Es decir, canalizar el pago a través de una sociedad venezolana vinculada al máximo accionista de la compañía para que en la documentación no figurara el nombre del consejero. La UDEF lo califica como indicio de alteración deliberada de la identidad del beneficiario de una deuda para facilitar la obtención de la ayuda pública.

La SEPI envió al juzgado «carpetas vacías»

Todo lo anterior se enmarca en un expediente administrativo que la policía describe como lleno de agujeros. Cuando la UDEF requirió a la SEPI toda la documentación relacionada con el rescate, recibió carpetas vacías, archivos que no podían abrirse y correos electrónicos que solo cubren el año 2025, como si el organismo público no hubiera intercambiado ni un solo mensaje con Plus Ultra durante los meses en que se tramitó y aprobó el rescate, en 2020 y 2021.

La policía sabe que esos correos existieron porque algunos aparecen en el expediente en formato PDF suelto, pero no como comunicaciones completas. De hecho consta la respuesta de Plus Ultra a un requerimiento de subsanación de errores del 22 de diciembre de 2020, pero no el requerimiento previo de la SEPI del 14 de diciembre que lo motivó.

Cuando la UDEF pidió por segunda vez la documentación, la situación empeoró: la SEPI entregó menos archivos y carpetas que en el primer envío, sin dar explicación alguna. La policía lo constató y lo dejó escrito: ambas entregas «difieren más allá de lo indicado por la SEPI.» Al menos ocho documentos que obraban en poder del Tribunal Central de Instancia no estaban entre los aportados por el organismo público. Y las actas de la SEPI de los días 9 y 23 de febrero de 2021 —en plena fase de concesión del rescate— tampoco aparecieron.