La magistrada Pilar Llop, nueva ministra de Justicia, rechaza que los jueces elijan el CGPJ
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Pilar Llop, la nueva ministra de Justicia es magistrada, pero su forma de pensar está en las antípodas del sentir mayoritario de los jueces españoles que quieren ser ellos los que elijan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de Gobierno de los jueces. Sin embargo, para Llop, si fueran los jueces los que eligieran a los vocales, en lugar del Congreso y el Senado como sucede actualmente, el CGPJ “se convertiría en un órgano corporativo, y únicamente miraría por los intereses de la carrera judicial”.
La sustituta de Juan Carlos Campo aseguró en una entrevista que ella ha ejercido la función jurisdiccional, y que defiende la designación por el Parlamento de los vocales del órgano de Gobierno de los jueces porque la Constitución establece que “la Justicia emana del pueblo” y, por tanto, ella rechaza que los vocales sean designados directamente por los propios jueces.
Eso sí, Llop no tuvo en cuenta que esa designación se cambió, pues hasta 1985, los miembros del CGPJ se elegían desde la propia carrera. Es más, ese cambio se hizo con un ‘espíritu de temporalidad’ para evitar que el consejo estuviera copado por jueces franquistas. Pero han pasado 36 años y ningún Gobierno ha cambiado la ley, pese a que todos cuando están en la oposición lo solicitan.
Asalto a la Justicia
Pero una vez dicho lo anterior, Pilar Llop no dudó en la entrevista con la Agencia EFE en defender el asalto a la Justicia de Pedro Sánchez. Sobre el cambio de ley que permitiría reducir las mayorías necesarias para renovar a los vocales, y que actualmente está durmiendo el sueño de los justos en un cajón, Pilar Llop ‘alertó’ de las críticas que esa reforma suscitó contra Unidas Podemos y PSOE. Según la ministra “es muy injusto que se diga que la Justicia está muy politizada, cuando no es así”.
Entre los retos a los que Llop se debe enfrentar está, precisamente, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que actualmente lleva más de dos años y medio en funciones. Un órgano que, debido al asalto a la Justicia, se ha visto desprovisto de toda capacidad para realizar nombramientos con el cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recientemente aprobó el Gobierno con su rodillo en el Congreso.
Ese cambio legislativo ha puesto en pie de guerra a la carrera judicial. De hecho, más de 2.500 jueces y magistrados de toda España solicitaron amparo ante la Unión Europea por lo que consideraban un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho en España por las últimas reformas legislativas que según los jueces afectan a la independencia judicial.
Ese escrito, se envió conjuntamente por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a más de 2.500 jueces españoles. La única asociación que no firmó es Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), un grupo de magistrados absolutamente vinculado al PSOE, y al que precisamente pertenece la nueva ministra Pilar Llop.
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