Sánchez pacta con Junqueras retorcer la Constitución para dar cabida al referéndum diseñado por ERC

El acuerdo entre PSOE y ERC para la creación de una mesa de diálogo para resolver lo que las formaciones autodenominan «conflicto político» en Cataluña no recoge ninguna referencia expresa a la Constitución. Es más, acepta implícitamente retorcer la Carta Magna para dar encaje a la propuesta de la «consulta a la ciudadanía» a la que se someterán los acuerdos alcanzados en esa mesa para su «validación democrática».

El texto del pacto, por el que los republicanos se abstendrán para hacer presidente a Pedro Sánchez, avanza ya que el socialista está dispuesto a articular un mecanismo ad hoc que le permita preguntar a los catalanes sobre los acuerdos de la mesa.

«Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político», dice el documento, en el que, de manera calculada, se evita mencionar la Constitución.

El Consejo Nacional de ERC ha aprobado este jueves la abstención al acuerdo con el PSOE para asegurar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

En la llamada ‘mesa de diálogo’, que se pondrá en marcha dos semanas después de la formación de Gobierno, se buscarán, aseguran las formaciones, «acuerdos que cuenten con un apoyo amplio de la sociedad catalana». 

«Superar la judicialización»

El acuerdo consta de dos únicos puntos. Por un lado, «el reconocimiento del conflicto político y la activación de la vía política para resolverlo». «Partimos del reconocimiento de que existe un conflicto de naturaleza política en relación al futuro político de Catalunya», firman los partidos. Y añaden que «como cualquier conflicto de esta naturaleza, sólo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo».

A continuación, se pasa a la medida prioritaria: la creación de «una mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político».

Ese órgano entre Gobiernos, creado al efecto para lograr la investidura de Sánchez tras ceder a las reclamaciones del separatismo, «partirá del reconocimiento y legitimidad de todas las partes y propuestas» y «actuará sin más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático». Es decir, no habrá líneas rojas, lo que permitirá a los independentistas plantear sus reclamaciones: referéndum de autodeterminación y amnistía de los políticos condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre.

«Todas las partes aportarán con libertad de contenidos sus propuestas detalladas sobre el futuro de Catalunya. Y se valorarán, debatirán y argumentarán las posiciones al respecto de cada propuesta», se puede leer en el texto.

La mesa estará formada por «el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya» y la representación (delegaciones) se «establecerán de forma paritaria y con los miembros que ambas partes decidan».

Asimismo, se explica que el «calendario será transparente»: la Mesa iniciará sus trabajos en el plazo de quince días desde la formación de Gobierno y establecerá plazos concretos para sus reuniones y para presentar sus conclusiones. También contará con mecanismos de garantía para «garantizar el inicio y mantenimiento de su actividad y el cumplimiento de los acuerdos».

Esta Mesa se coordinará con otros espacios de diálogo institucionales y parlamentarios ya existentes, «que deberán potenciarse», firman socialistas y republicanos. «Entre otros, la Comisión Bilateral Generalitat-Estado recogida en el Estatuto de Autonomía de Catalunya y la Taula de Partits existente en el Parlamento de Catalunya», dice textualmente el acuerdo remitido por el PSOE, con referencias en catalán.