El Parlamento Europeo investiga a la fundación que premió a Forcadell por «actividad ilegal»

Las instituciones europeas está comprometidas a fondo con el ordenamiento constitucional de España y no dejan pasar una. El Parlamento Europeo ha confirmado que «someterá a una auditoría del ejercicio 2017» al Centre Maurtis Coppieters, la fundación belga que premió el año pasado a Carme Forcadell, ex presidenta del Parlament de Cataluña y de la ANC, la acusada de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

La denuncia —que busca la devolución a la Eurocámara de 457.035 euros por su presunto mal uso según los fines declarados por la fundación belga— partió del grupo parlamentario de la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE), precisamente en el que están integrados los eurodiputados del PDeCAT, a los que lidera Ramon Tremosa, de quien se sospecha que —en los meses posteriores a la declaración unilateral de independencia y la huida de Carles Puigdemont a Bruselas— utilizó fondos asignados por la Eurocámara para sus propios asesores con el objetivo de que éstos trabajaran en favor de las actividades del ahora de nuevo candidato a la investidura.

La fundación belga Centre Maurtis Coppetiers premió a Forcadell por su trabajo como activista política “a favor del independentismo” precisamente en la víspera del referéndum ilegal de 1-O. El centro ha recibido casi dos millones de euros en subvenciones a cargo del presupuesto del Parlamento Europeo, es decir, de todos los ciudadanos de la Unión Europea, tal y como avanzó este periódico.

Ha sido el secretario general del Parlamento Europeo, Klaus Welle, quien en respuesta  la eurodiputada independiente Beatriz Becerra ha confirmado la apertura de una auditoría al Centre Maurits Coppieters, dadas las subvenciones que ha recibido de la propia Eurocámara. Según sus propias palabras, «si se detectara cualquier actividad ilegal se clasificaría como no admisibles y, por tanto, su importe tendría que ser devuelto».

El legislativo europeo vela por el correcto uso de su presupuesto y ha admitido como verosímiles las dudas de los liberales que, según apunta Becerra a OKDIARIO, considera que «tal premio fue parte de una labor de promoción del referéndum ilegal del 1 de octubre y de recabar apoyos internacionales para dicha causa».

La eurodiputada, vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, trasladó a la Eurocámara una pregunta por escrito para conocer cuál iba a ser la decisión, y ésta ha sido respondida en los últimos días. Según sus sospechas, si se confirma que el objetivo del premio no era otro que formar parte de la campaña de «internacionalización de la causa independentista catalana», estas actividades «no serían compatibles con los fines declarados de la fundación ni permitirían la recepción de fondos del Parlamento Europeo». El montante total concedido por la Eurocámara a este centro ascendió a 457.035 euros.

Los fines declarados por el Centre Maurits Coppieters en sus estatutos son «acordes con la libertad ideológica” contemplada en la normativa comunitaria, aunque su labor en 2017 se centró en gran parte en promover el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña y “recabar apoyos internacionales para dicha causa”.

Así, todo indica que sí que se pretendía promocionar, con la excusa del citado galardón a Forcadell, le separatismo liderado por Puigdemont y Oriol Junqueras en pleno golpe de Estado. De hecho, el Centre Maurits Coppieters a quien ha sido acusada de haber sido “responsable de vulnerar el reglamento de la cámara para silenciar a la oposición” e imputada por delitos de desobediencia y rebelión, forma parte de la Alianza Libre Europea, a la que está adscrita ERC, partido por el que Forcadell ha sido candidata en las elecciones del 21-D. Es decir, que se habría tratado de un premio autoconcedido.

Según explica Welle en su respuesta, la fundación belga está obligada a informar de todos sus gastos al cierre del año financiero 2017 y pasar por «un proceso de auditoría doble través de un auditor independiente externo». Dado que el año financiero aún no está cerrado, se compromete a investigar la financiación de las actividades de la fundación teniendo en cuenta «la inversión que la fundación ha podido destinar para propaganda independentista en Cataluña».

La respuesta enviada por el secretario general del Parlamento Europeo a Becerra afirma taxativamente que los servicios oficiales de la Cámara «se toman los asuntos mencionados en su carta muy seriamente e investigarán con diligencia la financiación de las actividades del Centre Maurits Coppieters». Y es que la sospecha fundada es que el premio concedido a Forcadell y cualesquiera otras actividades relacionadas con el ‘procés’ serían «actividades ilegales» que habrían sido «financiadas por una fundación política o partido europeo», por lo que «los gastos relacionados serían clasificados como no admisibles».