El pago por el CNI: ERC se abre a negociar la ley que da pleno poder a Sánchez por «seguridad nacional»

ERC empieza a dar señales para recuperar las relaciones con el Gobierno. In extremis, los separatistas se abren ahora a debatir con el Ejecutivo sobre la futura Ley de Seguridad Nacional, que este jueves afronta el debate en el Congreso, según fuentes del partido. Los republicanos registraron hace unos días dos enmiendas a la totalidad. En una, se solicita la devolución de la reforma impulsada por el Ejecutivo. En la otra, se propone incluso un texto alternativo que aboga por la derogación de la ley vigente.

Estas enmiendas se presentaron en plena ofensiva separatista por las escuchas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La destitución de la directora de los servicios secretos españoles, Paz Esteban, ha movido en cambio a los independentistas a buscar ciertos gestos para recomponer la relación con Sánchez, a la espera que se ponga fecha a la reunión que el socialista mantendrá con el presidente catalán Pere Aragonés.

La ley, que ha sido fuertemente criticada por ERC, tiene por objeto la creación de un catálogo de recursos públicos y también privados para determinar todos los medios con los que cuenta el Gobierno una vez que se declara una situación «de interés para la seguridad nacional» y asegurar la movilización de los mismos, además de la expropiación de bienes que se considere. Además, el presidente del Gobierno podrá emitir la declaración de situación de interés para la seguridad nacional, sin pasar por el Congreso.

«Expolio competencial»

Los separatistas consideran que la norma contiene una definición «difusa» de la seguridad nacional que conlleva «inseguridad jurídica» y «resulta tan omnicomprensiva» que puede incluir «todas la conductas, actos y acciones que pueden desarrollarse en un Estado de Derecho». Opinan que el poder que se otorga al jefe del Ejecutivo supone «un retorcimiento del Estado de Derecho que avala intervenciones excepcionales para situaciones de contestación social».

Según ha venido criticando ERC, la ley concede «facultades exorbitantes» al jefe del Ejecutivo  y al Consejo de Seguridad Nacional para adoptar medidas con «carácter arbitrario y discrecional», reduciendo a la comunidades autónomas a un papel de «espectador». En este sentido, han considerado que la ley es «innecesaria» y otorga al Gobierno «facultades exorbitantes». Incluso han hablado de «expolio competencial» y de «menoscabo a la autonomía política» de Cataluña y el País Vasco. Así, han observado, por ejemplo, que se podría poner a los Mossos d’Esquadra bajo la tutela estatal en caso de emergencias, quedando las autonomías «relegadas a unos simples transmisores de órdenes».

El Gobierno cree que puede salvar esta reforma apoyándose en el Partido Popular, que todavía no ha revelado públicamente su postura aunque, en principio, no apoyaría la enmienda de ERC.

En las últimas horas, Sánchez ha dado el paso para recomponer la relación con sus socios estratégicos atendiendo a una de sus exigencias, la destitución de la directora del CNI. El siguiente será reunirse con el presidente catalán Pere Aragonés y convocar la mesa de negociación con el independentismo. En definitiva, recuperar el diálogo bilateral con la Generalitat para negociar nuevas cesiones del Estado.

Este miércoles, en la sesión de control, Sánchez trató de justificar en el Pleno del Congreso la destitución de la jefa del CNI por «un fallo en la seguridad de las comunicaciones del Gobierno», en relación a los pinchazos a su propio móvil y de los ministros de Defensa, Margarita Robles, e Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Muy crítica, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, subrayó que con esa destitución ha quedado claro que en España «gobiernan los independentistas» porque los socios de Pedro Sánchez le pedían «un chivo expiatorio», algo que, «acata dócilmente».