Ordenan a los Mossos incrementar la protección a los jueces al dispararse las amenazas separatistas

Las últimas detenciones de CDR llevadas a cabo por la Guardia Civil tienen un grave trasfondo. Tanto desde el Ministerio del Interior, como desde la Fiscalía e instancias judiciales han constatado un fuerte agravamiento de la amenaza de ataques separatistas. Algunos de ellos, además, como ya se ha comprobado, incluso con un perfil directamente de atentado terrorista con explosivos.

La situación ha llevado a los mandos de los Mossos a tener que admitir el aumento de la tensión separatista en Cataluña y ordenar elevar el nivel de protección a los jueces en esta comunidad autónoma. Elevarlo, nada menos, que hasta el máximo nivel autorizado hasta el momento dentro del operativo conocido como ‘Operación TOGA’, el plan trazado para evitar los ataques y amenazas al personal judicial encargado de causas contra los delitos de contenido separatista.

La exigencia de protección, de hecho, incluirá la cobertura especial a otros colectivos como los propios cuarteles de la Guardia Civil. Una decisión que se ha tomado porque éstos se encuentran en estos momentos bajo amenaza real y evidente a causa del incremento de la tensión por la cercanía de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el juicio del golpe separatista del 1 de octubre.

Las órdenes han sido ya trasladadas a los Mossos por parte de la cúpula de la policía autonómica y suponen la ampliación de la ‘Operación TOGA’, el plan especial de vigilancia estática de los edificios judiciales en Cataluña. Este operativo fue ordenado en su momento por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tras los ataques perpetrados contra personal judicial y sus familias tras el inicio del juicio del ‘procés’ en el Alto Tribunal.

Esos ataques y amenazas, de hecho, se centraron en sedes judiciales e incluso se trasladaron a coacciones en los domicilios privados, por ejemplo, de la familia del juez Pablo Llarena en Cataluña. Los jueces no han dejado de solicitar un mayor respaldo y protección en Cataluña a lo largo de todo este periodo de tiempo. Una mayor protección, por cierto, que debía partir de los Mossos por ser ellos el cuerpo policial con las competencias en Cataluña.

De hecho, el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llegó a advertir de esta situación y de la evidencia de que implicaba una mecanismo de amenaza y amedrentamiento generalizado contra el personal judicial con el propósito de torcer las decisiones judiciales y evitar condenas por delitos relacionados con el separatismo. Una estrategia de los CDR y otros colectivos radicales violentos separatistas que perseguía la anulación del Estado de Derecho en la región catalana y el establecimiento de la impunidad para los golpistas.

La polémica no tardó en levantarse en Cataluña por la evidencia de una amenaza seria y grave y por la cantidad de recursos humanos y técnicos que debía asumir. Ahora tendrán que ser aún mayores los recursos, porque no sólo se tendrán que proteger sedes judiciales y domicilios privados de personal judicial, sino también sedes y cuarteles de la Guardia Civil.