España
Inmigración irregular

La ONG que alberga a los 10 primeros menas en Gijón acogió al agresor de la violación de Alcalá

Accem ha sido cuestionada por no cumplir con "el deber de vigilancia y de gestión" de estos centros

Vox exige a esta organización colaboradora del Gobierno que repare a la joven víctima

Accem, la ONG que da asistencia en Gijón (Asturias) a los 10 primeros menas que el Gobierno ha tenido que trasladar desde Canarias a la Península por orden del Tribunal Supremo, acogió en Alcalá de Henares (Madrid) al agresor, de 21 años y nacionalidad maliense, de una joven que fue violada el pasado mes de junio en los alrededores del CAED de esta localidad madrileña.

En este contexto, el coordinador nacional jurídico de Vox, Jorge Buxadé, señaló la semana pasada que en esta causa, en la que su partido está personado como acusación popular, reclamará también una reparación a Accem, que acogía al agresor, y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta ONG es la encargada de gestionar el Centro de Emergencia, Acogida y Derivación (CAED) ubicado en el antiguo Acuartelamiento Primo de Rivera de la ciudad complutense.

«No sólo vamos a exigir las responsabilidades del autor de los hechos criminales, sino también de aquellos que tienen el deber de vigilancia y de gestión de esos centros», recalcó Buxadé.

De esta manera, se refirió a la ONG Accem que gestiona dicho centro de Alcalá y también al Ministerio competente, para que, «como responsables civiles, reparen a la víctima, al menos parcialmente, ese daño causado». Una acción, avanzó Buxadé, que «no se circunscribe sólo a este caso», sino que «lo exigiremos en todos los procesos en los que Vox comparezca en apoyo de esas víctimas», enfatizó.

El portavoz jurídico de Vox aseguró que «los responsables de la inmigración masiva y descontrolada habrán de responder» ante estas situaciones, puesto que las consecuencias «nefastas» empiezan a ser ya conocidas por una gran mayoría de españoles.

OKDIARIO publicó este jueves que Accem recibió el año pasado más de 198 millones de euros del Ejecutivo de PSOE-Sumar, según recoge la ONG en sus propias cuentas. Esta organización dedicada a prestar asistencia a solicitantes de asilo y refugiados e inmigrantes en situación administrativa irregular señala que contó en el último ejercicio con una financiación total de 225.118.335,31 euros, de los cuales 198.464.342,04 euros -o lo que es lo mismo, el 88,16%-, procedieron del Gobierno estatal. Particularmente, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Ministerio de Derechos Sociales y para la Agenda 2030.

El porcentaje restante tuvo como origen el ámbito de la administración autonómica (7,71%), el provincial (0,80%), el local (2,24%), el europeo (0,09%) y el privado (1,01%). Estos datos fueron elaborados a fecha del pasado 30 de mayo de 2025, según indica la propia ONG en su página web. Una financiación basada fundamentalmente en subvenciones y ayudas públicas, además de la percepción de contratos de la Administración.

Segundo traslado

Entretanto, fuentes del Gobierno central y del canario trasladaron este jueves que está previsto un segundo traslado de menores solicitantes de asilo desde Canarias a la Península durante este fin de semana, dentro del proceso por el que reubicarán a un millar de menas que aguardan en las islas.

Esta derivación se quiere empezar el sábado y sería de cinco menas procedentes de Mali que partirán del centro Canarias 50 en Gran Canaria con rumbo a la Península. Los diez trasladados el pasado lunes con destino Gijón eran también de esta nacionalidad (salvo un senegalés) y tenían todos más de 16 años.

En una reunión urgente de ambas administraciones, también se acordó que la semana que viene, entre el día 21 y 22 de agosto, salga otro grupo de «diez menores varones y cinco o diez niñas», dependiendo del ritmo de evaluaciones de estas últimas, según indicó el Ejecutivo canario.

Si el calendario de nuevas derivaciones se cumple, al final de la próxima semana habrán salido entre 25 y 30 niños desde Canarias, de los 1.070 que se encuentran administrativamente en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional (SNAPI) y que tutela y aloja aún la comunidad presidida por Fernando Clavijo (Coalición Canaria)

El Gobierno de Pedro Sánchez manifestó por su parte que mantiene la decisión de no hacer público el destino de los menores para preservar su intimidad y ofrecerles el máximo nivel de protección posible, después del primer traslado a Gijón.

Con estos traslados, el Ejecutivo está dando cumplimiento a la orden dictada por el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo para que el Estado se haga cargo de un millar de menas que habían solicitado asilo en las islas, en respuesta a las medidas cautelares solicitadas por las Islas Canarias.