El ‘once’ de gala de Podemos ante la Justicia

Once dirigentes de Podemos tienen en estos momentos graves problemas con la Justicia, entre condenados en firme, imputados y posibles futuros investigados que aún esperan el pronunciamiento de los jueces. El abanico de delitos de este dream team es variopinto: desde la condena de Pablo Echenique por no pagar a la Seguridad Social a su asistente hasta la  revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa del vicepresidente Pablo Iglesias, sin olvidar las patadas a un agente de Policía por las que el diputado Alberto Rodríguez se ha negado a acudir voluntariamente ante el Tribunal Supremo.

Pablo Iglesias

El vicepresidente Segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, está a la espera de conocer la decisión del Tribunal Supremo sobre si admite a trámite la petición del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en la que solicita que se impute a Iglesias. La Justicia le atribuyen tres delitos: descubrimiento y revelación de secretos (con agravante de género) daños informáticos y  denuncia falsa o simulación de delito por presuntamente destruir la tarjeta del móvil de su asesora Dina Bousselham con el objetivo de escenificar falsamente una persecución contra él con fines electorales. Unos ilícitos penales, que en caso de ser condenado, podrían acarrearle a Pablo Iglesias penas de cárcel de hasta nueve años, además de las correspondientes multas.

Pablo Echenique

El portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, está condenado en firme por la Justicia desde este martes 20 de octubre por no pagar la Seguridad Social de su asistente personal. Fuentes del Tribunal Supremo (TS) avanzaron a OKDIARIO que el dirigente morado ha retirado el recurso que interpuso, antes de que el Alto Tribunal decidiera sobre su admisión a trámite. Por tanto, los magistrados han dado el recurso por desistido. La Inspección de la Seguridad Social lo dejó claro en una investigación oficial ya a finales de 2016: Pablo Echenique había mantenido a un trabajador sin contrato ni Seguridad Social. El proceso judicial se inició tras la demanda de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) contra Echenique por no dar de alta ni cotizar por el trabajador en el Régimen General de la Seguridad Social dentro del Sistema Especial Empleados de Hogar entre las fechas del 16 de marzo de 2015 al 30 de abril de 2016.

Alberto Rodríguez

El diputado de Podemos y secretario de Organización de la formación morada, Alberto Rodríguez, ha sido citado a declarar por la Justicia como imputado por patear a un agente de Policía. Sin embargo, se negó a acudir voluntariamente, obligando al Alto Tribunal a solicitar un suplicatorio al Congreso de los Diputados, a pesar de que la formación de Iglesias lleva años calificando los aforamientos de «privilegios» de esa casta que tanto decían denostar.

La Sala de lo Penal acordó abrir causa al diputado de Unidas Podemos después de que el juzgado de Instrucción nº 4 de San Cristóbal de la Laguna (Canarias) enviase testimonio de un procedimiento abreviado seguido contra él, entre otros, en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones. Los hechos que se imputan a Rodríguez se remontan a 2014, cuando durante unas protestas contra el entonces ministro de Educación del PP José Ignacio Wert, el diputado habría pateado a un agente.

Isabel Serra

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, fue condenada por la Justicia el pasado mes de abril. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a 19 meses de prisión por liderar unos altercados contra la Policía en un desahucio que tuvo lugar en 2014 en el madrileño barrio de Lavapiés. El tribunal condenó a Serra por un delito de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños, que quedó absuelta de desórdenes públicos. Además, se le impuso el pago de una multa de 10 euros diarios a la razón de ocho meses. La portavoz se libró de entrar en prisión al no tener antecedentes y ser una pena inferior a los dos años. En todo caso, tuvo que indemnizar a dos policías por las lesiones causadas: a una agente le abonó la cantidad de 4.850 euros y a otro 400. Fue inhabilitada al derecho al sufragio pasivo, lo que supone que no podrá votar durante el tiempo que dure la condena.

Dina Bousselham

Ex asesora de Iglesias y actual directora del panfleto ‘La Última Hora’, fundado por Podemos para distribuir su propaganda en las redes y atacar a periodistas y a empresarios, es quien ha puesto nombre al llamado caso Dina-Iglesias que amenaza al líder del partido. Bousselham denunció el robo de su teléfono móvil en noviembre de 2015. En enero de 2016 la tarjeta SD del terminal apareció en la redacción de Interviú y el presidente del Grupo Zeta, dueña de la extinta revista de investigación, Antonio Asensio, se la entregó al líder de Podemos, Pablo Iglesias, al considerar que era pareja sentimental de su ex asesora. Durante el proceso judicial en la Audiencia Nacional incurrió en contradicciones en su relato y cambió varias veces su declaración. Su futuro como acusada por un delito de falso testimonio está ahora en manos del Tribunal Supremo, al igual que ocurre con Iglesias.

Ricardo Sá Ferreira

Asesor de Podemos en Bruselas y marido de Dina Bousselham, Sá Ferreira está también pendiente del pronunciamiento del Tribunal Supremo. Podría acabar imputado, al igual que su esposa, por un delito de falso testimonio.

Juanma del Olmo

El asesor de Pablo Iglesias y secretario de Comunicación de Podemos está imputado por la llamada ‘caja B’ del partido. El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, le imputó como responsable de las campañas del partido y mano derecha de Pablo Iglesias,  tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posibles delitos de malversación y administración desleal. La investigación se centra sobre todo en la supuesta implicación de Del Olmo con la contratación irregular de una agencia de comunicación para la campaña del 28-A.

Rocío Val

Rocío Val, gerente del partido e imputada por el juez Juan José Escalonilla, apartó, según el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, a la persona encargada de garantizar los procesos de licitación de las obras del edificio que el partido compró por más de 2 millones en abril de 2018. Está citada a declarar como imputada ante el juez el próximo 20 de noviembre. Según ha denunciado el ex abogado, era la responsable de «controlar todos los contratos y gastos del partido a nivel estatal, y aún sin tener poderes de representación para ello, controla los contratos y gastos del Grupo Parlamentario estatal de Podemos, en coordinación con el tesorero Daniel de Frutos».

Daniel de Frutos

Tesorero de la formación, de Frutos es uno de los ejes fundamentales del caso de la ‘caja B’ de Podemos. El responsable de Finanzas y Transparencia tenía constancia, según la denuncia ante la Justicia del ex abogado de Podemos Calvente, de los «contratos ficticios» que firmaba la entidad de forma irregular. También está citado el próximo día 20 para declarar como imputado.

Gloria Elizo

La diputada y vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, también está incluida en la lista de dirigentes que el juez del caso Dina, Manuel García-Castellón, ha pasado al Tribunal Supremo para que se decida si se les investiga o no. Se le acusa de «diseñar», junto a la letrada Marta Flor Núñez y otros miembros del equipo jurídico de Podemos, una denuncia falsa contra OKDIARIO y su director, Eduardo Inda, con el fin último de desprestigiar a este periódico. En el escrito de 63 folios, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional expone que tras la publicación del chat machista de Pablo Iglesias sobre la periodista Mariló Montero, en julio de 2016, «se reunieron varios altos cargos del partido Podemos, entre ellos: el aforado Iglesias Turrión, secretario general y máximo dirigente del partido, y la (entonces) responsable de los servicios jurídicos de la formación Gloria Elizo, actualmente diputada del Congreso de los Diputados y vicepresidenta tercera de esta Cámara». Elizo, siguiendo las directrices del secretario general, encargó a los abogados del equipo jurídico la redacción de un escrito de ampliación de la denuncia inicial presentada por Dina Bousselham cuando extravió su teléfono móvil, en noviembre de 2015, con la finalidad de «actuar contra OKDIARIO».

Marta Flor

Abogada de Podemos, está denunciada por la Justicia bajo la acusación de ser «autora de las falsas acusaciones de acoso laboral» contra Calvente con las que la formación habría tratado de bloquear las investigaciones sobre los sobresueldos y la ‘caja B’ del partido. Ha trabajado como mano derecha la gerente Rocío Val y habría asesorado presuntamente a la dirección del partido en todas las actividades supuestamente irregulares que se han cometido con los fondos.