Olona asegura que la Fiscalía de Dolores Delgado también pedirá el archivo de la causa del 8-M

La secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha asegurado esta mañana que la Fiscalía General del Estado que dirige Dolores Delgado busca desesperadamente un fiscal que firme el escrito de alegaciones con el que va a pedir el archivo de la causa en la que se investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8 de marzo.

La Fiscalía se suma así a la posición de la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y ha apelado a la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la revocación del auto por el que la juez Carmen Rodríguez-Medel abrió la investigación penal por permitir la manifestación del 8-M en Madrid.

Olona lo ha dicho en una entrevista en esRadio en la que ha también ha asegurado que es el ‘número dos’ de la fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, secretario general técnico del organismo quien se ha encargado de redactar las alegaciones en lugar de hacerlo el fiscal natural del caso.

«La información a la que he tenido acceso es que el Ministerio Fiscal va a apoyar la petición de archivo de la Abogacía del Estado ante la Audiencia Provincial de Madrid y esas alegaciones por parte del Ministerio Público se están realizando desde la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, cuyo fiscal jefe fue nombrado en marzo por Dolores Delgado»

García Ortiz es «un fiscal ampliamente criticado por participar en mítines del PSOE», ha añadido la diputada de Vox.

Olona ha señalado que García Ortiz fue además «fiscal del caso Prestige, donde coincidió con la actual abogada general del Estado». «Vamos a proceder a requerir toda la información en el Congreso para verificarlo», ha adelantado.

Macarena Olona ha atribuido al Gobierno de Pedro Sánchez una estrategia de «acoso y derribo» contra la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que instruye la causa sobre la manifestación del 8 de marzo.

Al respecto destaca el escrito de la Abogacía del Estado, qiue carga duramente contra la instructora, a la que acusa de convertir la instrucción «en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria» saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma.

El recurso de la Abogacía está firmado por la abogada del Estado Rosa María Seoane y fue presentado el pasado 20 de abril, casi un mes antes de que se elaborara el informe de la Guardia Civil que ha provocado la purga del jefe de la comandancia del instituto armado en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, y la posterior dimisión del número 1 de la Guardia Civil.

Intromisión «escandalosa»

En este sentido, la dirigente de Vox ha calificado de «escandalosa» la «intromisión ilegítima» del poder ejecutivo en el judicial con el cese del teniente coronel Diego Pérez de los Cobos en la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, supuestamente por el informe sobre el 8M remitido a la jueza.

«Es una línea roja que se ha cruzado como yo no recuerdo», ha dicho la diputada de Vox, que ha denunciado que se ha atacado a la magistrada para tratar de tumbar la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación.

Igualmente, ha añadido, se ha atacado a la Guardia Civil por un informe que la propia jueza, que es a quien compete valorarlo, ha calificado de «brillante».

En su opinión, al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, «sólo le interesa su propia aspiración personal» y «ha sido tan indigno de cesar un hombre que le salvó la vida desarticulando el comando Vizcaya».

«No ha tenido ningún tipo de escrúpulos para cesarle a pesar de esas vinculaciones incluso personales», ha lamentado Olona, para quien «desde luego, hay una  estrategia en marcha por parte del Gobierno de acoso y derribo a la magistrada Rodríguez-Medel».

Y ha recalcado que, para ello, «no ha tenido ningún escrúpulo en activar tanto a la Fiscalía del Gobierno como la Abogacía del Gobierno».
Olona ha criticado, por otra parte, que Sánchez practique la «teoría de la equidistancia» con los «insultos» de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, contra Vox.

Equidistancia

La misma equidistancia, ha dicho, que se vivió en el País Vasco respecto a la banda terrorista ETA y que colocaba en un mismo plano de igualdad a víctimas y asesinos.

Según ha incidido, es Iglesias quien ha llamado «parásitos» y «golpistas» a Vox y no se puede equiparar esa «violencia verbal» que esconde «un profundo odio» con «una legítima fuerza política que no descalifica, sino que lo que hace es su función de control al Gobierno».

Vox interpuso el miércoles pasado una querella contra la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.