Ofensiva del PP en el Congreso ante el ‘Babel’ de Armengol para que no embarre la investidura de Feijóo

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política, PP, Congreso y Senado
• • 15/09/2023 06:55
  • Actualizado: 15/09/2023 07:57

El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados está dispuesto a agotar todas las vías posibles a fin de evitar que el debate de investidura de su candidato, Alberto Núñez Feijóo, los próximos días 26 y 27 de septiembre, quede desvirtuado por la bronca en el hemiciclo a consecuencia de la implementación por primera vez de un uso exclusivo de las lenguas cooficiales. De esta manera, el PP prepara toda una ofensiva contra el ‘Babel’ impuesto por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y sus socios comunistas y separatistas, en tanto podría ser inconstitucional. «No vamos a permitir que embarren la investidura del presidente Feijóo», aseguran desde el PP.

De momento, como señaló este jueves la secretaria general del PP y portavoz en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, su grupo ya ha presentado un escrito de reconsideración ante el acuerdo de la Mesa -adoptado el miércoles por la mayoría de PSOE y Sumar- donde exige que no se celebre el próximo martes 19 de septiembre el Pleno previsto para debatir la reforma del Reglamento hasta que sea resuelva el citado escrito.

Con todo, según fuentes parlamentarias, en el Grupo Popular ya trabajan en los siguiente pasos, valorando posibles acciones futuras, sin descartar la posibilidad de llevar el caso al Tribunal Constitucional y solicitar la suspensión cautelar del Pleno. El miércoles, el primer análisis que hacía el PP nada más conocer la cacicada de Armengol era que «estamos ante un acuerdo de dudosa constitucionalidad». Este jueves, Garrama lo calificó de «grave» y «no democrático».

«Defenderemos que todo lo que aquí ocurra no sólo respete los derechos políticos de todos los diputados, sino que también sea conforme a Derecho. Lo mínimo que se puede esperar de la tercera autoridad del Estado es que respete la ley, porque está sujeta a la ley. Que promueva el consenso, el acuerdo, y si su partido tiene que pagar un precio político, que no se olvide que no lo puede hacer al margen de la ley», declaró Gamarra en rueda de prensa.

Sin la reforma aprobada

El acuerdo de la Mesa, con el voto en contra del PP, fue publicado este jueves en el Boletín Oficial del Congreso con la peregrina argumentación que ha llevado a Armengol a establecer traductores -serán temporales o freelance- ya el próximo martes sin haberse aprobado por la Cámara la reforma del Reglamento sobre las lenguas cooficiales. «Esto no es sólo rizar el rizo sino que es situarse al margen de lo que es el principio de legalidad, que debiera de respetarse por parte de nada más y nada menos que la tercera autoridad del Estado y presidenta del Congreso», denunció Gamarra.

En dicha resolución de la Mesa, se dice que «en tanto no se desarrollen los mecanismos previstos en la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados actualmente en trámite, en las sesiones plenarias que se celebren, la Presidencia, en ejercicio de la función reglamentaria de dirección de los debates que le confiere el artículo 32.1 del Reglamento, podrá permitir la realización de intervenciones en las lenguas que, junto con el castellano, son oficiales en las comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía».

Es decir, Armengol se arroga la única potestad, obviando los derechos de todos los diputados, para permitir el uso exclusivo del catalán, el gallego, el euskera y el valenciano en la Cámara Baja, esto es, fuera de sus territorios, donde no hay ya cooficialidad, según la Constitución.

Sobre ello se pronunció también este miércoles la portavoz del PP, que acusó al PSOE de Pedro Sánchez y sus socios de «querer instaurar la cooficialidad en todo el territorio español de las lenguas que sólo son cooficiales en el ámbito de sus territorios», apostilló.

Tras ello, Gamarra dejó claro que «para el PP todas las lenguas de nuestro país son un instrumento para el entendimiento y no para el enfrentamiento». «Son un patrimonio cultural que nos enriquecen a todos y debemos protegerlas», recalcó, si bien insistió en que «hay un marco constitucional que hay que respetar».