La nueva ley sobre los menas de Sánchez: tendrán presunción de minoría de edad y derecho a ser oídos

El Gobierno aprueba este martes en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que recoge un nuevo procedimiento de determinación de edad de los menores inmigrantes. Es decir, regula una nueva forma para poder concluir qué edad tiene una persona que llega a España y que así pueda acceder a las ayudas y beneficios que tienen los menores no acompañados (menas).

La nueva ley ha sido impulsada por el Ministerio del Interior que dirige Pilar Llop, que ha explicado que el objetivo es «regular de forma completa» el procedimiento de determinación de la edad de naturaleza judicial «con pleno respeto a los derechos de las personas menores de edad y con todas las garantías legales».

Este nuevo procedimiento se aplicará cuando los inmigrantes no tengan documentación y no sea posible establecer su edad por otros medios. Y no está exento de polémica. Y es que se «regirá por el principio del superior interés del menor, la presunción de minoría de edad durante todo el procedimiento y el derecho a ser oído y tomar parte en el procedimiento».

Además, según ha indicado el Ministerio, tendrá un enfoque holístico en las pruebas a realizar previo consentimiento de la persona sobre la que se efectúa la evaluación, la prohibición de pruebas médicas especialmente invasivas y de desnudos integrales, y la especialización de los profesionales intervinientes.

Asistencia jurídica y de un intérprete

Del mismo modo, se precisa, que se garantizará la asistencia jurídica gratuita desde el inicio del procedimiento, la asistencia de interprete, la representación legal del menor, y el nombramiento de defensor judicial en caso de conflicto con aquel.

«El procedimiento concluirá mediante resolución motivada susceptible de recurso de apelación, y en el caso que se determine la minoría de edad, se fijará la fecha en la que la persona cumple la mayoría de edad, remitiendo testimonio de la resolución firme al Registro Civil para su inscripción», apunta el departamento de Llop en el informe para la consulta pública de la norma.

«La finalidad es regular un procedimiento de evaluación de la edad que, sin desconocer la realidad actual del fenómeno migratorio, resulte acorde con los compromisos internacionales asumidos por España, que garantice la adecuada protección a las personas menores de edad con independencia de su condición de nacional o extranjero, y ello teniendo presente que nos encontramos ante un elemento esencial del derecho a la identidad de toda persona que afecta al estado civil, y que asimismo incorpore los estándares jurisprudenciales más recientes sobre la materia», ha añadido Justicia.