La nueva Ley de Servicios Sociales de Sánchez discrimina a ONGs como Cáritas

• Paula Baena @paulabaena26
• Periodismo y Derecho. Redactora de Nacional en OKDIARIO. Política de Madrid. Email: paula.baena@okdiario.com
• • 19/01/2023 06:45
  • Actualizado: 19/01/2023 08:58

La nueva ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales, cuyo anteproyecto fue aprobado esta semana en el Consejo de Ministros, establece que «con carácter preferente» el catálogo de servicios públicos deberán prestarse a través de la gestión directa de los gobiernos autonómicos, lo que supone una discriminación a las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) como, por ejemplo, Cáritas.

En concreto, el artículo 42 del citado anteproyecto de ley redactado por el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que lidera la líder de Podemos, Ione Belarra, establece que «el principio rector de responsabilidad pública de la red integrada de sistemas públicos de servicios sociales se materializará, entre otras cosas, mediante el uso preferente de la gestión directa por parte de las Administraciones Públicas».

Una máxima que para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso supone la «imposición de un modelo ideológico» y no sólo contraviene las directivas europeas y españolas de contratación «sino que discrimina la participación y colaboración de las entidades privadas, demostrando un profundo desconocimiento acerca de cómo se presta la asistencia social e ignorando los principios rectores de la Ley del Tercer Sector de Acción Social».

En todo caso, prosigue el anteproyecto de ley, se establece el carácter preferente de la gestión directa de los siguientes servicios públicos por parte de las Administraciones Públicas «información, evaluación, valoración, orientación o diagnóstico de una persona, sus necesidades y preferencias en el acceso a servicios sociales, la prescripción de los servicios o apoyos para los que la persona beneficiaria cumplen los criterios de acceso, sin el menoscabo de que la persona trabajadora pública pueda apoyarse en informes u opiniones de profesionales especializados empleados por una entidad privada, la gestión de las prestaciones económicas previstas en el Catálogo común de apoyos sociales profesionales, básicos y complementarios de referencia y la planificación estratégica, la inspección y todas aquellas funciones que supongan ejercicio de autoridad».

En la exposición de motivos del documento, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, ya adelanta que el título referido a financiación y gestión de los servicios públicos estable «qué funciones de la red integrada de sistemas públicos de servicios sociales han de ser preferentemente de gestión pública directa».

Según la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de Madrid, dirigida por Concepción Dancausa, este anteproyecto de ley supone una invasión de las competencias autonómicas y municipales en materia de asistencia social.

«Esta norma pretende establecer, por la vía de la imposición legislativa, una regulación que afecta a todos los usuarios de los servicios sociales autonómicos», critica la consejera.

Por su parte, para Belarra esta ley pretende ser un «balón de oxígeno» para los profesionales de los servicios sociales «que han cubierto con su vocación y a costa de sus derechos laborales un servicio que debería haber garantizado mejor la Administración Pública» después de los «durísimos» recortes experimentados por los servicios sociales entre los años 2012 y 2013, y las posteriores «privatizaciones en muchas comunidades autónomas».