La nueva ley de Memoria crea una Fiscalía para perseguir y sancionar su incumplimiento

La denominada nueva Ley de Memoria Democrática y Derechos Humanos aprobada este martes por el Consejo de Ministros recoge la creación de una Fiscalía para sancionar y perseguir su incumplimiento. También incluye la supresión de las fundaciones que hagan apología del franquismo, la exhumación de víctimas de la dictadura de las fosas comunes con dinero público o que los descendientes de los brigadistas internacionales puedan acceder a la nacionalidad española.

El Ejecutivo de Sánchez ha aprobado el anteproyecto de esta ley y tendrá que sacar adelante su tramitación parlamentaria en las próximas semanas. Se trata de una normativa elaborada por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las cortes y Memoria Democrática que dirige la socialista Carmen Calvo, también vicepresidente primera. Otra de sus premisas es la de la condena expresa del golpe de Estado militar perpetrado por el bando nacional o sublevado en 1936 y la posterior dictadura franquista.

Apología del franquismo

Con esta ley se presupone la futura ilegalización de la Fundación Francisco Franco por, según el Ejecutivo de Sánchez, hacer apología apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del Golpe de Estado. Según esta nueva normativa, esto es «contrario al interés general».

También se recoge que las personas u organizaciones que atenten, alienten o toleren prácticas en contra de la memoria democrática no podrán recibir subvenciones, bonificaciones ni prestarán ayudas públicas.

Sentencias ilegales

La nueva Ley de Memoria Democrática busca declarar ilegal, nulo o sin ningún efecto todos los consejos de guerras y demás procesos judiciales correspondientes que se llevaron a cabo durante la dictadura franquista. Esto incluye la sentencia de Lluís Companys, ex presidente de la Generalitat de Cataluña fusilado durante el franquismo.

Exhumaciones

En la iniciativa se incluye un plan de exhumaciones sufragado con fondos públicos con el fin de reconocer el derecho de las víctimas y de sus familiares para investigar los resultados de lo sucedido, así como la identificación y sepultura digna, dando traslado al Ministerio Fiscal los indicios de comisión de delitos que se aprecien al realizar estas localizaciones e identificaciones.

Nacionalidad para brigadistas

La normativa recoge una medida estrella propuesta por Podemos: la posible obtención de la nacionalidad española de los descendientes de los brigadistas internacionales. «Los descendientes de los brigadistas internacionales que combatieron por la libertad y contra el fascismo en España, podrán acceder a la nacionalidad española. Ya era hora de decir desde el Gobierno a estos héroes y heroínas de la democracia: gracias por venir», ha afirmado Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, en un mensaje publicado en su perfil de Twitter.

La creación de un censo de víctimas de la Guerra Civil española y la dictadura franquista es otra de las propuestas incluidas en esta normativa. Además se especifica también un Banco Nacional nacional de ADN de estas víctimas para así poder recibir y almacenar el ADN de víctimas y familiares, a fin de contribuir a la identificación genética de las víctimas.

Una Fiscalía

En la nueva Ley de Memoria Democrática y Derechos Humanos destaca la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos y la revisión de las distinciones, condecoraciones y títulos concedidos por el franquismo. Recuperar la gestión del Valle de los Caídos para el Patrimonio Nacional y su «resignificación» para «convertirse en un lugar donde se expliquen los crímenes del franquismo» es otro de los grandes objetivos.

Sanciones

Se especifica un régimen sancionador ante posibles acciones u omisiones contrarias a esta ley, como por ejemplo la destrucción de fosas, la destrucción o menoscabo de lugares de Memoria Democrática o elementos simbólicos, la falta de adopción de medidas para impedir o poner fin a actos de exaltación del franquismo que menosprecien a las víctimas.

Otra de las propuestas es el reconocimiento y reparación de las víctimas de trabajos forzados, incluyendo la señalización de lugares para su identificación y recuerdo, el impulso para que empresas u organizaciones que se beneficiaron de ello adopten medidas de reconocimiento y reparación, y la confección de un inventario de edificaciones y obras realizadas por Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, así como por prisioneros en campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas.