Los separatistas de la OCB exigen que guardias civiles y policías nacionales destinados a Baleares aprendan y sepan catalán

Con un millar de plazas vacantes de policías nacionales y guardias civiles que a las primeras de cambio, además, optan por marcharse del archipiélago por el alto coste de la vida, la idea de los separatistas de la Obra Cultural Balear (OCB) no parece que vaya a contribuir a hacer más atractivo para las fuerzas y cuerpos de seguridad, estar destinado en las islas: que guardias civiles y policías nacionales destinados a Baleares aprendan y sepan catalán.

Así figura en el decálogo de compromisos elaborado por la entidad separatista y que ha hecho llegar a los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales por la circunscripción de las Islas Baleares, para que impulsen las actuaciones legislativas, presupuestarias y administrativas necesarias para hacerlas efectivas.

Entre ellas figura la de «garantizar que la ciudadanía pueda ejercitar sus derechos lingüísticos ante la Policía Nacional y la Guardia Civil». Para ello, “el personal destinado a territorios con lengua oficial propia debe disponer de la capacitación lingüística necesaria para atender a la ciudadanía y garantizar que el uso del catalán no constituya ningún obstáculo en las actuaciones policiales o administrativas».

No son pocas las veces que esta entidad separatista ha denunciado supuestos casos de discriminación lingüística cometidos por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales que habrían vulnerado el derecho de los ciudadanos de las islas a expresarse en catalán y negarse a hablar en español, la única lengua oficial en toda España.

Desde las fuerzas y cuerpos de seguridad, la respuesta en estos casos siempre va enfocada a defender el compromiso con las instituciones de las Islas Baleares y su responsabilidad de garantizar el uso normal y oficial de ambos idiomas, castellano y catalán,  así como crear las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los ciudadanos de las Islas Baleares.

La única aportación al debate electoral que realiza la OCB, entidad separatista ampliamente subvencionada por el Gobierno de Pedro Sánchez o la Generalitat catalana presidida por el socialista Salvador Illa, es la necesidad de que todos los partidos se comprometan a impulsar medidas a favor del catalán en todos los ámbitos.

Es el caso, por ejemplo, de otra de sus ocurrencias: modificar la normativa estatal de protección de los consumidores para garantizar que los ciudadanos puedan recibir en catalán la información, contratos, facturas, instrucciones, servicios de atención al cliente de sectores como las telecomunicaciones, la energía, los transportes, los servicios financieros, los seguros, los servicios postales y las plataformas digitales.

La OCB ha hecho llegar estas propuestas a los partidos políticos y coaliciones electorales «democráticos» que han presentado candidatura por la circunscripción de las Islas Baleares para las próximas elecciones generales, entre los que curiosamente no cita a Vox. Una formación la de Santiago Abascal que denuncia una y otra vez el «sectarismo» de esta organización separatista y que por ello ha exigido en todas las instituciones donde tiene voz y voto, la retirada de todas las subvenciones públicas para su financiación.