Navarra indemnizará con hasta 150.000€ a los etarras ‘víctimas de abusos policiales’

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 02/08/2019 06:51
  • Actualizado: 02/08/2019 09:08

La Ley de ‘Reconocimiento y Reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos’, que el nuevo Gobierno de María Chivite pretende desarrollar, permitirá indemnizar con hasta 150.000 euros a quienes obtengan la consideración de «víctima».

Esa condición estará en manos de una comisión de perfil altamente político en la que, como informó OKDIARIO, Bildu podrá imponer a sus miembros y vetar a los de otras formaciones. Y permitirá acceder a asistencia sanitaria y a las correspondientes indemnizaciones, en función del tipo y grado de lesión y hasta el fallecimiento.

A falta de desarrollo, la citada Ley, en su artículo 12, ‘Efectos de la declaración como víctima’, establece que las ayudas correspondientes se regirán a su vez por la Ley Foral de ‘ayuda a las víctimas del terrorismo’.

Equiparando en las cuantías a las víctimas de ETA con sus verdugos -que se consideren víctimas de ‘torturas policiales’- estos tendrán derecho, según la Ley, al equivalente al 30 por ciento de las cantidades concedidas por la Administración General del Estado en los mismos supuestos.

Las indemnizaciones previstas para las víctimas del terrorismo van desde los  75.000 euros por «incapacidad permanente parcial» al medio millón en casos de «gran invalidez». Las ayudas por «incapacidad permanente absoluta» son de 180.000 euros y por «incapacidad permanente total», de 100.000 euros. Por su parte, la cuantía por fallecimiento asciende a 250.000 euros. En este caso, la Ley establece que tendrán derecho de resarcimiento su cónyuge o, en su caso, y por este orden, padres, nietos, hermanos o abuelos, además -en inexistencia de estos- de hijos de la persona conviviente y menores en acogimiento familiar o preadoptivo si dependían económicamente del fallecido.

De esta forma, las ayudas serán así de hasta 150.000 euros para casos en que se acredite una «gran invalidez» o 75.000 si se acredita el fallecimiento por las causas contempladas en la Ley.

La Ley entró en vigor en abril de 2019 y fue recurrida por Partido Popular y Ciudadanos. Su propósito es «configurar el derecho al reconocimiento y, en su caso, reparación de las víctimas de motivación política generadas por la acción violenta de grupos de extrema derecha o por parte de funcionarios públicos, regulando los medios y mecanismos para que sean reconocidas como tales víctimas y, en su caso, como personas beneficiarias de los correspondientes derechos de reconocimiento y reparación integral».

En manos de Bildu

La declaración de víctima, que dará derecho a recibir asistencia sanitaria así como una indemnización, queda en manos de una ‘Comisión de Reconocimiento y Reparación’, que, de acuerdo a las mayorías del Parlamento navarro, estará en manos de Bildu. 

Este órgano estará integrada por nueve miembros, entre ellos, el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos y el del Instituto Navarro de la Memoria; además de dos peritos forenses y un psicólogo o psicóloga designados por el Instituto Navarro de Medicina Legal, «todos ellos con experiencia en materia de víctimas».

El resto, serán elegidos por mayoría absoluta en el Parlamento»entre los ciudadanos y ciudadanas mayores de edad que disfruten del pleno uso de sus derechos civiles y políticos y que cumplan las condiciones de idoneidad, probidad, cualificación y experiencia necesarias para ejercer el cargo». Estos candidatos serán propuestos al Parlamento de Navarra por los grupos parlamentarios, así como por las organizaciones y asociaciones que desarrollen su actividad en materia de «Derechos Humanos y Memoria» en la Comunidad Foral.

Esta comisión, que dispondrá de dotación a través de los Presupuestos autonómicos, determinará la condición de víctima de quienes acrediten una «vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia por motivación política», añadiendo que podrán serlo en casos «en que hayan podido intervenir funcionarios públicos o particulares» bien «en grupo o de forma aislada e incontrolada». En caso de fallecimiento, sus familiares tendrán derecho a solicitar la declaración correspondiente y «a beneficiarse de la compensación económica en la forma que se determine reglamentariamente». Se aplicará a acciones cometidas a partir de 1950.

La ley excluye expresamente «las personas que resultaran fallecidas o heridas por la manipulación de armas o explosivos con el fin de realizar alguna actividad violenta, incluido el caso de que con dicha manipulación lo que se pretendiera fuera repeler o evitar actuaciones legítimas de las fuerzas y cuerpos de seguridad».

No obstante, sí ampara a las «víctimas de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos», lo que incluye a etarras y afines a la organización terrorista ETA que se consideren como tal en el contexto de la lucha antiterrorista.