Moreno: «Juan Marín me dice que su chalé es de absoluta regularidad y no tengo por qué no creerle»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha respaldado al vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, tras la polémica por la ubicación de su chalé en la localidad gaditana de Chipiona, asegurando que el propio dirigente de Ciudadanos le trasladó el pasado martes en el Consejo de Gobierno que la situación de su casa «es de absoluta regularidad».

«El señor Marín me ha aclarado y me lo trasladó en persona el martes que la situación –de su vivienda– es de absoluta regularidad y, por tanto, no tengo por qué no creerle», ha sostenido tras ser cuestionado por los periodistas en Málaga, donde Moreno ha recibido el título de Caballero Almogábar Paracaidista de Honor.

Así, ha añadido Juanma Moreno, Marín les trasladó a todos los miembros del Consejo de Gobierno que en 2012 se acogió a un decreto de la Junta de Andalucía «que permitiá su regularización y, por tanto, normalización».

El chalé ‘Los cuñaos’ de Juan Marín

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, lleva 20 años disfrutando de un chalé ilegal con piscina ubicado en Chipiona (Cádiz). Marín ha reconocido a OKDIARIO que cuando compró la vivienda sabía “que había sido construida sin licencia”. De acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbanística de Chipiona, la vivienda es ilegal, ya que se encuentra ubicada en suelo no urbanizable de regadío intensivo.

Marín explicó a OKDIARIO que, en 2012, se acogió al Decreto 2/2012 de 10 de enero, en el que se regula el régimen de las viviendas ilegales asentadas en suelo no urbanizable en Andalucía. “Me acogí al Decreto, como muchos andaluces, pero cuando compré la vivienda ésta ya estaba construida”, aseguró Marín a este periódico. Este Decreto, que en ningún caso permite legalizar la vivienda, accede a que ésta sea reconocida por parte de la Administración para que pueda contar con los servicios básicos de agua y luz y solicitar permisos para reparar el inmueble, pero nunca para ampliarlo.

“En primer lugar, las edificaciones siguen manteniendo su situación jurídica de ilegalidad y, en consecuencia, su reconocimiento o tolerancia por la Administración lo será sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera haber incurrido su titular. En segundo lugar, el régimen al que están sometidas estas edificaciones es similar, aunque con mayores restricciones, al previsto para las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación, limitándose las obras autorizables en lo que respecta a los servicios básicos”, dice el mencionado Decreto. Es decir, la ilegalidad persiste.