Montoro hace un favor a Puigdemont y dificulta su entrega al asegurar que no hubo malversación en el 1-O

«Yo no sé cómo se pagó el 1-O. Pero no con dinero público». La frase del ministro Cristóbal Montoro, este lunes, en una entrevista con ‘El Mundo’ se ha convertido en una ayuda directa a la estrategia defensiva de Carles Puigdemont. Si el golpe independentista no se financió con dinero del presupuesto público, no hay malversación. Y sin malversación, no hay delito para que el tribunal alemán, que descartó la rebelión, entregue al expresident. La declaración de Montoro ha sentado muy mal en el despacho del juez Llarena, que instruye la causa contra los líderes de la rebelión secesionista.

Hasta ahora, el ministro de Hacienda aseguraba que podía poner la mano en el fuego por que ni un solo euro del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se habría desviado al 1-O. En la entrevista, Montoro habla de dinero público en general, no sólo del FLA.

El juez Llarena ha enviado al tribunal de Schleswig-Holstein un escrito de tres folios en el que asegura que el referéndum ilegal de independencia  supuso un «despojo de los fondos públicos», una expresión que el juez no había utilizado en su auto de procesamiento contra los líderes del golpe, pero que ya aparecía en la querella que la Fiscalía de Cataluña presentó el pasado mes de septiembre ante el Tribunal Superior de Cataluña y que acabó uniéndose a la instruida en el Supremo.

El juez del Supremo aseguró a los jueces alemanes que el 1-O fue «ineludiblemente» pagado «con dinero procedente de las arcas públicas y no con dinero privado», aunque no concretó de qué departamentos o de qué partidas presupuestarias salió ese dinero. Esta afirmación del juez contrasta con el «yo no sé cómo se pagó el 1-O, pero no con dinero público» que ha expresado Cristóbal Montoro en la entrevista de este lunes.

Por su parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, considera que el referéndum ilegal del 1-O fue financiado con recursos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Para el juez, resulta «evidente» que el importe destinado a la celebración del referéndum «debe atribuirse» al menos en parte al dinero obtenido de dicha línea de crédito estatal.