España
Crisis del coronavirus

Los mil hosteleros que demandan al Gobierno de Sánchez exigen 62 milllones € en indemnizaciones

Los hosteleros van a la ‘guerra’ contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el de aquellas comunidades autónomas donde han sufrido drásticos cierres. Su primer paso ha sido crear una plataforma -a la que ya se ha adherido un millar de empresarios- y poner el caso en manos del prestigioso bufete de abogados Cremades y Calvo Sotelo. El próximo miércoles presentarán los 50 primeros recursos para exigir indemnizaciones por cese de actividad. Y ya saben a cuánto ascenderá la factura que exigen a Sánchez en caso de que la Justicia les de la razón: 62 millones de euros.

El alrededor de un millar de hosteleros comenzará esta misma semana a registrar sus reclamaciones administrativas ante el Estado y sus correspondientes comunidades autónomas «por los daños y perjuicios causados a la hostelería durante el año 2020», tal y como explica la plataforma lahosteleriadetodos.org.

Ese será el primero de los trámites administrativos, previo al camino judicial de su causa, que emprenderán para que se reconozca la responsabilidad política del Gobierno central y los autonómicos en el cese de su actividad, que tal y como calcula ha llevado ya a la ruina y el cierre a más de 100.000 locales en toda España y ha dejado en el paro a más de un millón de personas del sector. Uno de los mayores motores de empleo del país.

62 millones… de momento

La plataforma ya ha hecho cálculos concretos de a cuánto ascienden esas indemnizaciones que reclamarán al Estado, que alcanzan en estos momentos los 62 millones de euros. Es una cifra inicial, ya que representa tan sólo los daños y perjuicios recibidos por el millar de hosteleros. En caso de que se sumen más adhesiones, esa cifra irá aumentando.

Para calcularla se ha utilizado «la media aritmética de los resultados del negocio en los años 2017, 2018 y 2019 en comparación con los resultados provisionales del ejercicio 2020», explican los impulsores de este grupo de hosteleros.

De este modo, el Gobierno de coalición se enfrentará a una oleada de demandas por parte de los propietarios de bares y restaurantes, que han optado por poner en manos del bufete Cremades y Calvo Sotelo su caso y llevarlo a la vía administrativa ante el silencio que reciben por parte del Ejecutivo. Las numerosas limitaciones en la actividad que se han ido imponiendo a la hostelería provocaron que el sector cerrada el pasado año 2020, con un desplome de la facturación que alcanzó el 50%.

Desde Hostelería de España aseguraban a OKDIARIO esta semana que se han analizado las cifras que desde las asociaciones territoriales se han ido recopilando en los últimos meses sobre el estado real de las ayudas a la hostelería. Los datos son demoledores: sólo un una de cada cuatro comunidades ha recibido algún tipo de ayuda y en muchos casos han llegado al sector de forma parcial.

Más del 40% de las autonomías han obligado durante más de 100 días a la hostelería a mantener los interiores cerrados o cerrados totalmente (Aragón, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, La Rioja, Murcia y Navarra).  «Lamentablemente tanto el Ejecutivo como las comunidades autónomas donde se están aprobando estos cierres nos están arruinando de forma gratuita y sin pensar en la repercusión que sus medidas tienen para miles de familias. Por ello vamos a exigir a la administración que asuman la responsabilidad de estas acciones y hemos recurrido a la vía legal para ello», defiende José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, a OKDIARIO.

En el sector confían en que esta causa tenga recorrido y éxito ante la Justicia y se les reconozca el daño provocado por los cierres. El sector lleva meses echándose a las calles de las provincias donde más se han intensificado las medidas, como en Cataluña donde se les obliga a cerrar por las tardes o en Castilla-La Mancha donde en estos momentos permanecen cerrados a cal y canto.

Mientras, siguen sucediéndose imágenes como las de la protesta de hosteleros esta semana en Albacete, donde los empresarios portaban fotografías y pancartas con el rostro de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y gritaban lemas como «¡Queremos una Ayuso!», en referencia al apoyo de la líder popular al sector durante toda la crisis sanitaria.