España
Investidura Pedro Sánchez

Las medidas más polémicas de Sánchez e Iglesias: despenalizar los piquetes y una Justicia «de género»

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias revelan el contenido del acuerdo para su Gobierno socialcomunista

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El acuerdo de programa entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya está listo. El pacto del Gobierno socialcomunista recoge algunas propuestas especialmente controvertidas, como la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que penaliza los piquetes en las huelgas. Además, ambas formaciones se comprometen a impulsar en el Gobierno socialcomunista una ambiciosa agenda ‘feminista’, que incluye por ejemplo el desarrollo de «medidas necesarias para que los procesos de denuncia y judiciales tengan perspectiva de género». 

Éstas son algunas de las cuestiones más polémicas:

Blindar que solo sí es sí. Los partidos promueven la anunciada reforma de la legislación penal «garantizar que el consentimiento de la víctima sea clave en los delitos sexuales, de manera que, si una mujer no dice SÍ, todo lo demás es NO.

Impulsar una Comisión Estatal de la Memoria Histórica y la Reconciliación con el Pueblo Romaní en España.

Adoctrinamiento: Se impulsará «una estrategia nacional para la lucha contra la desinformación, que incluirá la elaboración de guías, mejores prácticas y cursos para combatir la desinformación en internet y redes sociales». Es decir, el Ejecutivo podrá determinar lo que es y no noticia.

Cataluña: El acuerdo dice que «el conflicto político catalán» se abordará «impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual».

Política territorial: «Consideramos que el sistema autonómico ha dado a nuestro país la etapa de mayor prosperidad y estabilidad de su historia demostrando, por ello, ser el mejor sistema para garantizar la unidad y la diversidad. Esto no significa, sin embargo, que en su formulación actual sea perfecto y que no requiera de actualizaciones. Es innegable que el sistema autonómico adolece de notorias disfunciones, desequilibrios y carencias que dificultan la correcta provisión de servicios a la ciudadanía y provocan tensiones entre el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos», se dice en el acuerdo.

PSOE y Podemos proponen la creación de «nuevos mecanismos intergubernamentales en los que las comunidades autónomas puedan intercambiar información y pareceres respecto a competencias de titularidad estatal». 

Transferencias del Estatut: El acuerdo afirma que el Gobierno «dará cumplimiento a los dictámenes del Tribunal Constitucional». «Traspasaremos a la Generalitat aquellas competencias pendientes ya reconocidas en el Estatut de Cataluña en materias como la gestión de becas universitarias, la formación sanitaria especializada, el salvamento marítimo o la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional».

Voto a los 16: Los partidos llevarán a la Comisión Constitucional del Congreso el debate sobre el voto a los 16.

Franquismo

El pacto habla de «Memoria Democrática» en lugar de «Memoria Histórica». En este apartado, se declara un día, 31 de octubre, en recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y otro, 8 de mayo, como reconocimiento a las «víctimas del exilio»

Las formaciones hablan también de la retirada de «la simbología franquista de los lugares públicos» y de «la prohibición de la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso público».

«Del mismo modo, estudiaremos todas las vías legales para retirar las condecoraciones y prestaciones asociadas, concedidas a personas que protagonizaron actos criminales no juzgados durante el franquismo», se puede leer en el documento. Se declararán «nulas» las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y el Franquismo.

Además, Sánchez e Iglesias pactan una auditoría sobre los bienes expoliados por el franquismo «para devolverlos a sus legítimos titulares, como la recuperación inmediata del Pazo de Meirás para el patrimonio público».

También prometen una Ley sobre Libertad de Conciencia «que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas» y una nueva Ley de Seguridad Ciudadana «para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica», que se presentará «a la mayor brevedad». Estará basada, dicen, «en una concepción progresista de la seguridad ciudadana».