Las medidas más polémicas de Sánchez e Iglesias: despenalizar los piquetes y una Justicia «de género»

Política territorial: «Consideramos que el sistema autonómico ha dado a nuestro país la etapa de mayor prosperidad y estabilidad de su historia demostrando, por ello, ser el mejor sistema para garantizar la unidad y la diversidad. Esto no significa, sin embargo, que en su formulación actual sea perfecto y que no requiera de actualizaciones. Es innegable que el sistema autonómico adolece de notorias disfunciones, desequilibrios y carencias que dificultan la correcta provisión de servicios a la ciudadanía y provocan tensiones entre el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos», se dice en el acuerdo.

PSOE y Podemos proponen la creación de «nuevos mecanismos intergubernamentales en los que las comunidades autónomas puedan intercambiar información y pareceres respecto a competencias de titularidad estatal». 

Transferencias del Estatut: El acuerdo afirma que el Gobierno «dará cumplimiento a los dictámenes del Tribunal Constitucional». «Traspasaremos a la Generalitat aquellas competencias pendientes ya reconocidas en el Estatut de Cataluña en materias como la gestión de becas universitarias, la formación sanitaria especializada, el salvamento marítimo o la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional».

Voto a los 16: Los partidos llevarán a la Comisión Constitucional del Congreso el debate sobre el voto a los 16.

Franquismo

El pacto habla de «Memoria Democrática» en lugar de «Memoria Histórica». En este apartado, se declara un día, 31 de octubre, en recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y otro, 8 de mayo, como reconocimiento a las «víctimas del exilio»

Las formaciones hablan también de la retirada de «la simbología franquista de los lugares públicos» y de «la prohibición de la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso público».

«Del mismo modo, estudiaremos todas las vías legales para retirar las condecoraciones y prestaciones asociadas, concedidas a personas que protagonizaron actos criminales no juzgados durante el franquismo», se puede leer en el documento. Se declararán «nulas» las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y el Franquismo.

Además, Sánchez e Iglesias pactan una auditoría sobre los bienes expoliados por el franquismo «para devolverlos a sus legítimos titulares, como la recuperación inmediata del Pazo de Meirás para el patrimonio público».

También prometen una Ley sobre Libertad de Conciencia «que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas» y una nueva Ley de Seguridad Ciudadana «para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica», que se presentará «a la mayor brevedad». Estará basada, dicen, «en una concepción progresista de la seguridad ciudadana».