Un médico de un CIE de Madrid será juzgado por la muerte de una interna

Uno de los médicos que trabajaba en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid) cuando falleció la inmigrante Samba Martine en 2011 será juzgado a partir de este lunes por homicidio por imprudencia, acusación por la que la familia de la fallecida pide un año y seis meses de cárcel.

Según ha confirmado a Efe el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el Juzgado de lo Penal 21 de Madrid juzgará a F.H.V. por el citado delito, en un caso en el que la Fiscalía no solicita pena alguna para el procesado.

La acusación particular pide para él un año y seis meses de prisión y tres años y seis meses de inhabilitación como médico, han explicado a Efe desde la Red Solidaria de Acogida, una de las organizaciones que ha dado a conocer la celebración del juicio y que han convocado una concentración frente a los juzgados en los que se celebrará.

En esta concentración se pedirá «Justicia para Samba» al considerar que «la lenta instrucción de la causa penal, en la que el Ministerio Fiscal no ha mostrado ningún interés, ha dejado fuera del banquillo a la empresa responsable de la deficiente asistencia médica prestada a Samba» y además «dos de las tres personas procesadas se encuentran prófugas».

Samba Martine falleció el 19 de diciembre de 2011 tras sufrir una meningitis cuando estaba interna en el CIE de Aluche, al que había llegado el 12 de noviembre de 2011 procedente del Centro de Estancia Temporal (CETI) de Melilla, donde le realizaron una analítica positiva de VIH.

Según los demandantes la mujer congoleña debió recibir atención médica en al menos 10 ocasiones, pero no fue atendida correctamente.

El caso fue denunciado y el Juzgado de Instrucción 38 de Madrid acordó en 2012 el sobreseimiento al entender que no era clara la relación causa-efecto entre los cuidados que le fueron facilitados a la fallecida y su muerte, y que su deceso se habría producido igualmente.

Pero familiares de Samba y varias organizaciones -entre ellas SOS Racismo Madrid, Red de apoyo Ferrocarril Clandestino y la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno- recurrieron y la Audiencia Provincial ordenó en enero de 2014 continuar con la investigación.

Poco después declararon como investigados dos médicos y dos sanitarios del CIE de Aluche y la directora de la empresa que lo gestiona.