España

Mil militantes, el 60% de los diputados y los senadores del PP cántabro firman una carta contra Buruaga

La mayoría del PP de Cantabria ha exigido responsabilidades por el amaño de su congreso destapado por OKDIARIO. Ocho diputados autonómicos de un total de 13, los tres senadores del PP por esta región, y un total de 1.000 firmantes, donde se incluyen el 70% de los alcaldes de este partido en la comunidad cántabra, han pedido explicaciones oficiales de todos y cada uno de los escándalos publicados por este periódico a lo largo de las dos últimas semanas.

Entre estos escándalos se incluyen la utilización de una cuenta de una persona con discapacidad mental para abonar afiliaciones y amañar el resultado de su congreso, incluir votantes a lápiz, eliminar otros tachándolos, permitir votar a compromisarios sin acreditar, etc. Y, todo ello, en un congreso que ha permitido que sea presidenta a María José Sáenz de Buruaga por sólo 4 votos, cuando el volumen de votos amañados puede superar los 500.

“Tras la aparición de las últimas informaciones sobre un supuesto amaño del XII Congreso del Partido Popular de Cantabria”, por parte de la presidenta María José Saénz de Buruaga, senadores y diputados autonómicos han pedido «valorar las pruebas conocidas sobre el Congreso y la actuación de la actual dirección”.  Y, en especial de la “utilización de una persona con discapacidad para pagar 511 cuotas de afiliados en el último congreso”, tal y como recoge el manifiesto de los firmantes.

El portavoz en el Parlamento regional, Eduardo Van den Eynde, la diputada Ruth Beitia, y el senador Javier Fernández son los portavoces de este manifiesto. Entre el resto de firmantes se encuentran los tres senadores por Cantabria, Javier Fernández, Blanca Martínez y Esther Merino, y otros cinco diputados en el Parlamento regional: Ignacio Diego, Cristina Mazas, Mercedes Toribio, Luis Carlos Albalá y José Manuel Igual.

El comunicado señala literalmente —como ha ido adelantando OKDIARIO— que “durante la celebración del último Congreso Regional del Partido Popular de Cantabria se ha utilizado a una persona con un importante grado de discapacidad psíquica, y con unos niveles de ingresos ciertamente reducidos, para intervenir en el proceso electoral del citado Congreso”.

Los firmantes critican abiertamente que a esta persona se le haya abierto “una cuenta corriente a su nombre en la que se ingresaron importantes cantidades de dinero, alrededor de 9.000 €, por parte de personas directamente relacionadas con la candidatura de la actual presidenta del Partido Popular de Cantabria, la actual secretaria autonómica, la actual presidenta del Comité Electoral del Partido Popular de Cantabria, y un diputado del Partido Popular del Parlamento de Cantabria”.

El manifiesto recuerda igualmente que desde dicha cuenta “se realizaron los ingresos necesarios para pagar las cuotas de 511 afiliados del Partido Popular de Cantabria, lo cual les habilitaba para ser inscritos en el mencionado proceso electoral. Y dichos pagos se llevaron a cabo desde ordenadores titularidad de esas mismas personas relacionadas con la candidatura de la actual presidenta del Partido Popular de Cantabria, así como desde ordenadores del Parlamento de Cantabria, y de las sedes del Partido Popular de Santander y de Madrid. Lógicamente para poder abonar las cuotas de un número tan importante de afiliados, superior al medio millar, era absolutamente necesario manejar los datos de carácter personal de todos esos 511 afiliados”.

Y, por todo ello, más el resto de amaños destapados por este diario, “los firmantes de este comunicado quieren expresar la más absoluta condena de hechos de esta naturaleza” y la “más enérgica repulsa frente al comportamiento de las personas que han participado en la utilización e instrumentalización de una persona con discapacidad psíquica para intervenir en un proceso electoral”.

A partir de ahí, los firmantes —que son la mayoría de electos del PP en esa región— exigen a los “responsables del Partido Popular de Cantabria a quienes se acusa de este tipo de prácticas, que den las explicaciones necesarias, a los efectos de aclarar las circunstancias que concurren en un episodio de esta naturaleza”.