De la Mata alude a un «verdadero caos» la gestión del Campus de Justicia de Madrid

Este descontrol es el que refleja el informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre el CJM y en el que se ha basado el magistrado de la Audiencia Nacional en su auto para llamar a declarar el próximo miércoles como investigado al exvicepresidente segundo y exconsejero de Justicia madrileño, Alfredo Prada, durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, y a tres técnicos.

En el archivo de la empresa desde septiembre de 2009 a diciembre de 2010 «no existe ningún tipo de facturas que demuestren la realidad de los gastos efectuados», mientras que de los otros ejercicios «es significativo el desorden en materia de facturación», destaca el juez.

En cuanto a la contratación, ha sorprendido «la enorme dispersión de la documentación en 432 cajas y el desorden consiguiente que han provocado una gran incertidumbre acerca de los expedientes que realmente se tramitaron».

Prada fue designado presidente del Consejo de Administración el 14 de enero de 2005 y sus «facultades de gestión se materializaron de manera efectiva en la suscripción de contratos», entre otros al policía Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal cuando gobernó en Castilla-La Mancha y que está imputado en el caso Villarejo y tiene prohibido salir de España.

De la Mata señala que fue quien comunicó en diciembre de 2005 a la Consejería de Economía la propuesta de aumento de capital social de CJM y participó en el otorgamiento de contratos a determinadas empresas sin que «en algunos casos» se constituyera la mesa de contratación.

Además tuvo firma autorizada en las cuentas de CJM en Liberbank y Caixabank, teniendo con cargo a esta última una tarjeta visa que estuvo operativa de 2005 a 2008, y, según el juez, «un primer examen de la documentación permite comprobar que no solamente hubo una autorización de firma sino una utilización real de tal autorización».

Según el informe de la Cámara de Cuentas sobre utilización de una tarjeta de crédito Visa Platinum, con la que se hicieron desembolsos de «al menos» 15.647 euros, el juez observa que falta «información y documentación básica de cobertura de los movimientos».

Se ha detectado que la sociedad pagó un Master MBA por valor de 30.050 euros a un trabajador que había sido contratado y ejercía como subdirector técnico, Mariano José Sanz Piñar, que también ha sido llamado a declarar el día 27 como investigado.

Sanz Piñar prestó servicios en CJM desde 2006 a 2008 y tras su cese percibió una indemnización de 21.318 euros.

También existen documentos en los que De Prada da instrucciones para hacer transferencias al Colegio de Arquitectos de Madrid, PWC o ABBA Publicidad y autorizaciones «para retirar fondos» a otro de los imputados, Alicio de Las Heras, que era el jefe de Oficina y responsable del Área Económico-Financiera y que al cesar fue indemnizado con 48.229 euros.

El cuarto imputado al que ha citado De la Mata, es Isabelino Baños, que fue el director técnico de CJM y que fue quien recibió facturas y presupuestos que forman parte de los «gastos sin soporte contractual» como es el caso del presupuesto de 29.565 euros de Telson para el montaje del Museo de la Justicia junto a los juzgados de Plaza de Castilla.