Martínez Vares es el favorito para presidir el Supremo y el CGPJ de la AMP, la asociación mayoritaria

El magistrado Santiago Martínez Vares es el favorito de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras que la asociación de izquierdas Jueces y Juezas por la Democracia (JPM) apuesta por Pilar Teso, que ha tenido un papel clave en el debate del Tribunal Supremo sobre el pago del impuesto de las hipotecas.

PP, PSOE, Podemos y los partidos independentistas han comenzado a mover sus piezas en la negociación para renovar los 20 vocales del Consejo General del Pode Judicial (CGPJ). De ellos, 12 miembros serán elegidos a propuesta de la carrera judicial (las asociaciones ya han propuesto 51 candidatos), mientras que los ocho restantes serán propuestos directamente por los partidos políticos.

Aunque el acuerdo definitivo corresponde a los propios partidos, ya que el Congreso debe aprobar por mayoría cualificada el nombramiento de la mitad de los vocales, mientras que el Senado designará a los otros diez. El presidente del CGPJ presidirá también el Tribunal Supremo, un cargo que hoy ocupa Carlos Lesmes.

Entre los candidatos respaldados por la Asociación Profesional de la Magistratura (APF) para presidir el CGPJ se encuentran los magistrados Santiago Martínez Vares (que actualmente es miembro del Tribunal Constitucional), Antonio Salas Canceller (magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo y muy activo en las redes sociales como tuitero) y Jorge Rodríguez-Zapata (que ha sido miembro del Constitucional y actualmente preside una sección de la Sala Tercera del Supremo).

Delgado dejó solo al juez Llarena

La Asociación Profesional de la Magistratura (APF) es con diferencia la mayoritaria entre los miembros de la carrera judicial, con más de 1.300 jueces asociados. Triplica así a la asociación de izquierdas Jueces y Juezas por la Democracia, que sólo tiene 530 asociados y es la única que se ha negado a apoyar al juez del Supremo Pablo Llarena, cuando la ministra Dolores Delgado le negó el amparo ante la demanda que Puigdemont y Gonzalo Boye le han puesto en Bruselas.

Santiago Martínez Vares ha presidido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ha sido magistrado de la Sala Tercera del Supremo y actualmente es magistrado del Tribunal Constitucional.

En cuanto a Jorge Rodríguez-Zapata, durante su etapa como magistrado del Tribunal Constitucional firmó un voto particular en el que se mostraba partidario de anular un mayor número de artículos del Estatut catalán por considerar que atropella los derechos de los castellanohablantes y «colapsa el funcionamiento del Estado».

Entre los favoritos de Jueces y Juezas para la Democracia para presidir el CGPJ se encuentran la magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo Pilar Teso, Ana María Ferrer (magistrada de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo), Encarnación Roca (vicepresidenta del Constitucional) y María Lourdes Arastey (magistrada de la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo y miembro de la Asociación Francisco de Vitoria).

El debate sobre las hipotecas

En el reciente debate del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas, Pilar Teso defendió resolver que sean los bancos los que paguen este tributo, pero sin carácter retroactivo. El pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo determinó finalmente que sea el comprador de la vivienda quien pague el impuesto, como ha ocurrido desde que el Gobierno de Felipe González lo creó, en 1993.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha impuesto mediante un Decreto Ley la misma solución que defendía la magistrada Pilar Teso: a partir de ahora el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) lo pagarán los bancos, pero sin carácter retroactivo. De esta forma, las Comunidades Autónomas no tendrán que devolver el tributo recaudado durante los cuatro últimos años, lo que habría creado en sus arcas un agujero de más de 5.000 millones de euros, según los cálculos del propio Gobierno.

Pilar Teso fue asesora del Ministerio de Justicia durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En cuanto a Ana María Ferrer, ha sido presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid y fue la instructora de la causa judicial del caso Roldán.

PDeCAT quiere una juez independentista

Por su parte, Encarnación Roca fue miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat (entre 1983 y 2005) y en 2012 fue designada magistrada del Tribunal Constitucional a propuesta del Parlament.

Los aliados de Pedro Sánchez también han comenzado a mover sus piezas para colocar a jueces afines en el máximo órgano de gobierno de la judicatura. Podemos quiere meter en el CGPJ a la juez Victoria Rosell (que está siendo investigada por participar en actos de apoyo al 1-O), mientras que el PDeCAT ha pedido al PSOE una plaza para Montserrat Figuera, miembro de la asociación de jueces independentistas Ágora Judicial.

El PP promueve como presidente del CGPG al magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que juzgará a los golpistas de la Generalitat procesados en la causa instruida por el juez Pablo Llarena.