Marlaska suaviza el régimen penitenicario del francotirador de ETA que intentó matar al Rey
El Ministerio del Interior ha comunicado este viernes el acercamiento de dos presos de ETA y la flexibilización de las condiciones penitenciarias a otros dos. Entre estos últimos beneficiados por su progresión a segundo grado se encuentra Javier Pérez Aldunate, el terrorista que planificó el asesinato del Rey Juan Carlos I en Palma de Mallorca en 2004.
Pérez Aldunate estuvo a punto de cometer uno de los atentados más relevantes de la historia terrorista de ETA. La banda le encargó matar al Rey, y lo intentó en abril de 2004.
El etarra alquiló una habitación en el hostal Colón, desde cuya ventana se veían las gradas de la plaza de toros donde iba a disputarse un partido de la Copa Davis entre España y Holanda. El Rey Juan Carlos presidió aquel partido, que transcurrió sin problemas ni disparos. El rifle Remington Magnum que ETA debía hacerle llegar a Pérez Aldunate no llegó a tiempo a sus manos.
El autor de aquella intentona cumple desde 2005 una condena de 20 años por los delitos de atentado contra la Corona, asociación ilícita, depósito
de armas, tenencia ilícita de armas y falsificación de documento público. Está ingresado en la prisión de Pamplona y, desde este viernes, lo hará en régimen de segundo grado.
Así lo ha comunicado Instituciones Penitenciarias, que «ha dispuesto
aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para flexibilizar su
clasificación en segundo grado» también al etarra Joseba Segurola Beobide.
Además, Interior anuncia el acercamiento a cárceles en el País Vasco o más próximas a este a dos etarras más: José Carlos Apeztegia (de Pamplona a San Sebastián) y de Lexuri Gallastegi Sodupe (de Almería a Zaragoza).
El pago por los votos de Bildu está teniendo una consecuencia crucial en la efectiva política de dispersión de presos de la banda terrorista ETA. Sánchez y Marlaska, sin ningún miramiento, están ‘devolviendo a casa’ a la mayor parte de los etarras que cumplen condena fuera del País Vasco.
Las víctimas, a través de la mayoritaria Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), han reaccionado recientemente a estos anuncios de acercamientos de cada viernes denunciado que quedaban una decena de presos etarras –11, según sus cifras– para «aniquilar la política de dispersión» debido a los sucesivos traslados aprobados desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en junio de 2018.
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