La malversación de Álvarez Conde se instruirá en un juzgado distinto al del máster de Cifuentes

La juez de Instrucción número 34 de Madrid ha asumido la investigación contra el exdirector del Instituto de Derecho Público (IDP) Enrique Álvarez Conde por un delito de malversación de caudales públicos tras ser rechazada la causa por la juez que instruye el caso de las presuntas irregularidades detectadas en el máster que cursó Cristina Cifuentes.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la juez María del Coro Monreal asume la competencia de los hechos denunciados por Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).

La magistrada se había inhibido de esta investigación a favor de la juez Carmen Rodríguez Medel al ser hechos conexos con la instrucción del caso máster, si bien la instructora rechazó ser competente para ello.

En un auto, expuso que asumir la causa supondría crear una «macrocausa de imposible instrucción ágil y de muy difícil (o imposible) enjuiciamiento conjunto».

El pasado mayo, Ramos interpuso una denuncia en los juzgados de Instrucción de Madrid por presunto delito de malversación en la gestión económica del Instituto de Derecho Público.

Lo decidió tras las «graves irregularidades económicas» detectadas en la gestión de este ente y que se desprenden en la investigación encargada por la universidad a raíz de la polémica por el máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

A su vez, exponía que el informe del delegado para dirigir provisionalmente el IDP «destapa» que el Instituto «nunca tuvo personalidad jurídica propia, aunque actuaba como si la tuviera; ni se sometía a ninguna supervisión de la URJC, ni disponía de contabilidad oficial».

«Se ha constatado la existencia de transferencias bancarias realizadas a personas que podrían estar incursas en causa de incompatibilidad para contratar con el Instituto por razones de parentesco», recogía el informe.

También detectaba la existencia de transferencias bancarias «a cuentas en apariencia particulares sin que conste en el apunte bancario en qué concepto se realiza el pago» y que hay «disposiciones de efectivo en oficina bancaria por importes de miles de euros».

«El hecho de que se retiraran del banco cantidades en metálico impide saber a qué fin se dedicaron. Hay numerosos apuntes bancarios relativos al uso de tarjetas de crédito para gastos aparentemente personales en establecimientos comerciales no relacionados con la actividad docente e investigadora del Instituto…», exponía el documento.