Magistrados se rebelan contra la reforma de Campo que trasladará la investigación judicial al fiscal

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, comenzó este miércoles el proceso para la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que dejará las instrucciones de las causas procesales en la figura de un «fiscal investigador». Magistrados, fiscales y expertos en Derecho consultados por OKDIARIO aseguran que «Campo busca politizar y controlar las investigaciones criminales a través de un organismo controlado por un jefe elegido por el Gobierno».

El magistrado de violencia de género de Madrid y secretario general de la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial, Jesús Villegas, asegura que «buscan politizar más aún las instrucciones, pero no se atreven a decirlo. Hay que tener en cuenta que el fiscal general del Estado lo elige el Gobierno y, en cambio, al magistrado instructor no. Los magistrados pueden tener una ideología determinada, pero el fiscal –por definición– está más próximo al poder político que el juez porque la Fiscalía tiene una estructura jerárquica cuya cúpula de esa jerarquía es elegida por el Ejecutivo».

Con esta reforma de la LECrim, que vendría a sustituir a la vigente aprobada en 1882, desaparecería la figura del juez instructor, que sería sustituida por un fiscal investigador y un magistrado de garantías. Así es como se rige en la mayoría de los países europeos y en EEUU. «El sistema judicial actual español proviene de la época napoleónica, pero es el que establece más garantías de imparcialidad e independencia en la Justicia», explica este experto a OKDIARIO.

Politización de la Justicia

Asegura que «en España es donde más separada está la investigación criminal de la política porque no investigan los fiscales. Y en el caso de que lo hagan, quien tiene la última palabra es el juez instructor». En comparación con otros países el sistema español es el más parecido a la Justicia francesa y a la belga. Sin embargo, en el resto de Europa y Norteamérica –así como en la mayor parte de los países del mundo– las investigaciones criminales (o penales) dependen del poder político al estar capitaneadas por un fiscal que es nombrado por el Gobierno y, en algunos países como en EEUU, esta figura coincide con la del ministro de Justicia (William Barr).

El magistrado Villegas asegura que el único país donde la figura del fiscal investigador no supone una intromisión del Poder Ejecutivo es en Italia. En el país vecino no existe la figura del fiscal general, lo que significa que los peligros de jerarquización son menos y, por tanto, que el fiscal italiano no tiene ninguna posibilidad de ser influenciado por el Gobierno en el ejercicio de la acción penal

Perjuicio para los ciudadanos

El abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, fundador de Ospina Abogados, manifiesta que los mayores perjudicados con este nuevo sistema, que implica la figura del fiscal investigador, son los ciudadanos. Explica que actualmente en los procesos judiciales de menores quien instruye ya es un fiscal y «es un desastre» porque «investiga siendo parte acusatorio y en el juicio las pruebas están sesgadas y manipuladas».

Concluye: «En Estados Unidos, donde la instrucción corresponde al fiscal, el 95% de los casos no llegan a juicio. Eso es lo que se busca en España, pero esto no garantiza el derecho fundamental de los ciudadanos, ya que estos llegan a un acuerdo previo para no tener que ir a juicio y muchos inocentes optan por una sentencia condenatoria de menos de dos años de prisión para no ir a la cárcel. Sin embargo, si se celebrase el juicio seguramente estos investigados serían absueltos». Explica que en Estados Unidos existe una asociación que examina las causas judiciales y el porcentaje de error judicial es altísimo.

El fiscal Juan Antonio Frago, presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, asegura que «lo ideal» para una reforma como la que se plantea sería que el nombramiento del fiscal general no dependiera del Gobierno, pero sospecha que la reforma que plantea el ministro de Justicia no conllevará esta modificación. Pese a ello defiende, sin objeciones y mostrándose firme a su postura, que las instrucciones judiciales deben recaer en la figura de un fiscal investigador «como ocurre en el resto de los países europeos»

Explica que «es cierto que el fiscal no es independiente, pero es que nuestra propia Constitución nos define como imparciales».