España
Sentencia La Manada

La magistrada del tribunal que condenó a 9 años a ‘La Manada’ respalda ahora su libertad bajo fianza

La magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra que condenó a 9 años de cárcel a ‘La Manada’ el pasado 26 de abril, Raquel Fernandino, ha respaldado la libertad provisional bajo fianza para los cinco condenados a la espera de sentencia firme. El presidente del tribunal, José Francisco Cobo Sáenz, se ha quedado en minoría al solicitar la prórroga de la prisión incondicional.

El juez Ricardo Javier González que solicitó la absolución de los acusados en su voto particular, lógicamente se ha posicionado a favor de la libertad provisional. En este contexto, es importante clarificar que la sentencia no tiene nada que ver con la resolución sobre la libertad provisional de los condenados a la espera de que la sentencia sea firme. Una cosa son los hechos juzgados y otra, la situación de los condenados hasta que dicha sentencia sea ratificada por la última instancia judicial.

Esto supone que en ningún caso se puede interpretar como un cambio de criterio sobre los hechos juzgados de la magistrada, que respalda ahora la libertad provisional de los condenados.

No obstante, sí ha cambiado de opinión al evaluar los supuestos que justificaban la prisión provisional de los condenados. Hasta ahora los magistrados José Francisco Cobo Sáenz y la propia Raquel Fernandino se habían mostrado en contra de decretar la libertad provisional de los cinco sevillanos encausados, en contra del criterio del magistrado Ricardo Javier González, que se había declarado partidario de la libertad provisional bajo fianza.

En esta ocasión, este equilibrio de mayorías ha variado, dado que la magistrada se ha inclinado por dictar la libertad provisional bajo fianza para los cinco condenados, a la espera de que se dicte sentencia firme.

La sentencia en la que se condenó a 9 años de prisión a los miembros de ‘La Manada’ por abuso sexual y no por agresión sexual provocó una gran polémica en las calles y numerosos ataques al Poder Judicial, especialmente, al magistrado González que presentó un voto particular pidiendo la absolución de los acusados.

Al margen de la fianza de 6.000 euros fijada, el tribunal ha impuesto a los condenados la obligación de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad.

También les impone la prohibición de entrar en la Comunidad de Madrid, la prohibición de comunicación con la víctima, la retirada del pasaporte, y la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial.