La ley trans de Irene Montero permitirá aprobar el cambio de sexo sin informe médico ni psicológico

El borrador de la Ley Trans que ha redactado el Ministerio de Igualdad de Irene Montero permitirá aprobar el cambio de sexo únicamente con una declaración expresa de la persona en cuestión.

Montero pretende llevar esta ‘Ley Trans’ al Consejo de Ministros la primera quincena de febrero, una ley que pretende «despatologizar» la transexualidad, y que permitirá, según el borrador, el cambio de sexo sin necesidad de pruebas médicas o psicológicas, a la vez que recoge como único requisito para el cambio en el Registro Civil la «declaración expresa» de la persona.

El equipo de la ministra Irene Montero, se encuentra en la actualidad negociando la ‘Ley Trans’, a la que ha tenido acceso Europa Press, con la vicepresidenta primera de Gobierno, Carmen Calvo, por lo que es susceptible de sufrir algún cambio antes de su aprobación por parte de todos los miembros del Ejecutivo.

Sin embargo, a pocos días de que el Consejo de Ministros le dé la luz verde, la ley sigue recogiendo algunos temas que han causado desavenencias entre los socios de Gobierno, así como a diferentes sectores del feminismo, como son la despatologización de la transexualidad o la autodeterminación de género.

En cuanto al primer tema, la norma recoge que la rectificación registral de la mención del sexo «en ningún caso podrá estar condicionada a la previa exhibición de informe médico o psicológico alguno», algo que sí se exigía en la legislación actual, en concreto, un informe médico que diagnosticara a la persona transexual una distrofia de género.

Tampoco serán necesarias, cuando se apruebe la norma, «la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole, sin perjuicio del derecho de la persona interesada a hacer uso de tales medios».

Con estas medidas, «se restituye a la persona el derecho inherente a decidir sobre su propio cuerpo y su ser», explica el Ministerio de Igualdad en la exposición de motivos del borrador.

Esta ley trans o Ley de libertad sexual ha sido polémica desde su negociación porque hizo aflorar las discrepancias que existen en el seno del Gobierno entre las dos formaciones que lo integran, PSOE y Unidas Podemos. Porque entre las feministas cercanas al Partido Socialista hay un profundo malestar con el «borrado de las mujeres» que, según denuncian, pretenden tanto el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, como la ministra de Igualdad, Irene Montero, a través de una próxima ley para transexuales.

Según pudo saber OKDIARIO de fuentes gubernamentales, Igualdad trabajaba entonces con una proposición de ley que Unidas Podemos llevó al Congreso de los Diputados en 2018 sobre la «libre determinación de la identidad sexual y expresión de género».

Las mismas fuentes citadas señalan que la ministra de Igualdad, Irene Montero, y su equipo apostaron fuerte por que el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual ya recogiera en su articulado la «autodeterminación» del sexo. Tanto es así que el artículo 2 del borrador que presentó Montero —precepto luego eliminado tras las advertencias legales del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo— incluía una definición de «identidad sexual o de género» en este sentido.

Ante tales pretensiones de la cúpula de Podemos en el Ejecutivo, la plataforma ‘Alianza contra el borrado de las mujeres’, en la que participan feministas próximas al PSOE, denunció que «nos encontramos ante una maniobra intolerable, no sólo por el procedimiento, sino porque conceptos como la ‘autodeterminación’ del sexo atentan gravemente contra los derechos de las mujeres».

En esta línea, desde esta plataforma, subrayan que «utilizar una ley de violencia sexual para intentar ‘colar’ terminología que borra la realidad incontestable de la diferencia sexual, es una artimaña que persigue ir consolidando en la legislación española el peligroso concepto de ‘autodeterminación del sexo’, sin que profesionales cualificados certifiquen las reasignaciones».