La Ley de Género andaluza que Vox pide derogar incluye un plan de reeducación feminista de los profesores

La Ley de Género que pide derogar Vox en Andalucía incluye todo un potente mecanismo adoctrinador en las escuelas. No sólo pide que los niños sean sumergidos en una doctrina que asegura que la violencia machista tiene “naturaleza estructural” en el hombre, sino que, además, para que el mensaje llegue nítido y perfectamente controlado hasta los escolares, programa una “reeducación social” previa de los profesores.

Evidentemente todos ellos no sólo serán aleccionados, sino que detectarán rápidamente que quienes sean dóciles en la asunción del feminismo radical tendrán una progresión y ascenso mayor y más rápido en el sistema educativo -bajo control autonómico-. Los que no, obviamente, se verán adelantados por el resto de profesores.

El punto que regula este plan de adoctrinamiento de los docentes se recoge en el apartado 14. Allí se modifica el artículo 22, que queda redactado de la siguiente forma: “Formación en el ámbito educativo. 1. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya una formación específica en materia de igualdad de género”.

Al psicólogo, sin orden judicial

El punto, en principio y hasta ahí, no debería suponer ningún problema, si de verdad se centrase en divulgar la igualdad. Pero una líneas más adelante, el apartado desarrolla el contenido real del plan reeducador, y es entonces cuando aclara que la formación se centrará “en la detección precoz de la violencia de género en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer, las hijas e hijos o personas dependientes a cargo de la unidad familiar, el fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obligaciones por parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, y la corresponsabilidad de los mismos en el ámbito doméstico”.

Al igual que “se incluirán, en la formación del profesorado en fase de prácticas, en la formación inicial obligatoria para el ejercicio de la función directiva, en la formación inicial dirigida a las asesoras y asesores de formación en prácticas y a directoras y directores de centros del profesorado en prácticas, y en la formación correspondiente a la fase de prácticas para el acceso al Cuerpo de Inspección de Educación, contenidos relativos a igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género”.

Es decir, que este factor formativo será determinante para los ascensos y promociones. Esta reeducación de profesores se hará desde la óptica de una norma que considera “de naturaleza estructural” en el hombre la violencia machista y que llega a regular tratamientos psicológicos para los hombres sin el más mínimo control judicial, ni fiscal, ni policial. Incluso, sin que se haya llegado a presentar una denuncia: el más mínimo informe de cualquier funcionario de los servicios sociales municipales abre la puerta a la aplicación plena de una norma que extiende la presunción de culpabilidad a los hombres de una forma absolutamente descontrolada.

PP y C’s asumen la Ley actual

Todo ese catálogo de medidas aparece en la Ley de Género andaluza. El punto 84 del acuerdo de gobernabilidad de Andalucía entre PP y Ciudadanos recoge el impulso a esta norma. Allí se detalla que “impulsaremos un Gran Acuerdo contra la Violencia de Género en Andalucía que desarrolle en nuestra comunidad los avances logrados con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género” y que, además, “implemente, con dotación presupuestaria suficiente, todas y cada una de las medidas previstas en la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007 de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, a fin de acabar con esta lacra social”.

La Ley 7/2018 es la que plasma los citados tratamientos psicológicos para los hombres sin condena, ni mediación judicial, ni denuncia. Simplemente porque un funcionario de la Junta de Andalucía lo decida. Esa norma en cuestión recoge, además, todo un programa de “reeducación social” para lograr “la reducción del riesgo de la violencia de género”, como señala expresamente la norma.

La norma permite iniciar todos los trámites sin intervención judicial, ni fiscal, ni policial. Un mero dictamen de un empleado social del ayuntamiento es suficiente para activar los mecanismos.