España

JxCAT presiona a Sánchez para cambiar a los fiscales del 1-O que insistan en el delito de rebelión

El precio de los separatistas por apoyar la moción de censura de Pedro Sánchez está más que claro: quieren como sea que las penas a los golpistas sean rebajadas. Por eso, JxCAT exige ya al presidente del Gobierno que fulmine a los fiscales del 1-O que piden rebelión para los imputados. Bien por medio de que exija el cambio de criterio la nueva fiscal general Segarra, bien porque se dé la orden de sustituir a aquellos fiscales de sala que insistan en la exigencia del delito de rebelión -el de mayor penas de prisión de todos los juzgados-.

Todo vale para los hombres de Quim Torra y Carles Puigdemont. Y es que ellos consideran que el problema para conseguir el fin de reducir las penas por el 1-O sólo atañe a Sánchez, no a ellos.

Según su versión, el PSOE se comprometió con ellos “a buscar una solución a los presos políticos [como ellos los llaman]” y, por lo tanto, es el PSOE el que tiene que solventarlo.

El fiscal general Sánchez Melgar –el último designado bajo Gobierno del PP ya ha abandonado su cargo– ha sido sustituido por María José Segarra -la misma que desató una polémica con la juez Alaya por lo que la magistrada andaluza consideraba que eran retrasos sin clara justificación en el caso de los ERE-.

Pero desde JxCAT saben que los fiscales de Sala encargados del 1-O, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza, están convencidos de la aplicación del delito de rebelión y de que el comportamiento de los procesados es merecedor de fuertes penas de prisión. Por ello, los separatistas han centrado ya sus presiones en los fiscales: para que se fuerce su sustitución si no hay otra vía para reducir las penas.

Inicialmente las presiones de los golpistas se centraron en que el nuevo fiscal abandone la acusación de rebelión a los golpistas. Un intento que pretende alterar el curso natural de la Justicia y usar a la nueva figura del fiscal general del Estado para aliviar la acusación y, consecuentemente, las condenas efectivas de los golpistas.

La iniciativa de las peticiones ha venido siempre de JxCAT, el partido de Quim Torra y Carles Puigdemont. Pero es el PSOE el primero que se mostró abierto a negociar peticiones de los separatistas con motivo de la moción que ha llevado a la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez.

Y es que el PSOE ofreció a los independentistas inicialmente reformar el Código Penal para rebajar las penas por rebelión. La retroactividad no se aplica en el campo penal, pero sólo cuando se trata de dar un trato peor a los acusados. Si consiste en mejorar el trato –reducir las penas– sí es aplicable la retroactividad. Y eso es lo que ofreció el PSOE: realizar un cambio en el Código Penal, de forma que la aplicación de las penas por rebelión se modifique y resulte menos gravosa para los acusados. Y entre esos acusados estrella se encuentran, por supuesto, los golpistas del 1-O con Carles Puigdemont a la cabeza.

Hay que recordar que, ya hace meses, fue el propio Miquel Iceta quien abrió el debate de un posible indulto para los golpistas. Es cierto que ese foco de debate fue zanjado directamente por la dirección del partido, pero también es verdad que quienes cerraban esa discusión asegurando que no era la versión oficial eran los mismos que estaban defendiendo en ese mismo momento que había que volver al Estatuto de autonomía íntegro reformado por el Tribunal Constitucional.

Y en ese Estatuto se recogía el papel del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como última corte para todo lo sucedido en esta comunidad autónoma. De darse ese postulado, el caso del 1-O tendría que salir del Tribunal Supremo para dirigirse al TSJC.

Pero ese cambio, no daría tiempo a ser lanzado. La sentencia del 1-O estará cerrada previsiblemente en el mes de octubre y una tramitación de un estatuto sería siempre más lenta. Por eso surgió posteriormente una solución intermedia: no se traslada el caso, pero se fuerza a tener que aplicar unas penas inferiores. La fórmula: la reforma del Código Penal para rebajar las penas. La otra vía, la presión a la Fiscalía es aún más oscura. Pero también más rápida.