La Justicia coloca a un paso del banquillo a la mujer que renunció a su acta en Extremadura por Gallardo
Virginia Borrallo (PSOE), está acusada de un presunto delito de fraccionamiento de contratos públicos
Virginia Borrallo, una de las mujeres fuertes del aforado exprés Miguel Ángel Gallardo, podría sentarse en el banquillo acusada de un presunto delito de fraccionamiento de contratos. La socialista renunció a su acta de diputada en la Asamblea de Extremadura en favor del líder del PSOE regional tras ser procesado por la contratación del hermano del presidente Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.
Los escándalos no cesan en el PSOE. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Jerez de los Caballeros, Ana María González Olalla, ha ordenado continuar con la tramitación de la causa en la que se investiga a la socialista Borrallo por presuntamente haber troceado contratos públicos en su etapa como alcaldesa del mismo municipio de Badajoz.
Según la magistrada, existen «indicios suficientes» para imputarle por un delito de prevaricación administrativa al haber licitado al menos «trece contratos diferentes» para tres proyectos en tres pistas deportivas municipales que, tal y como se recoge en su escrito, eran «idénticos». Otros diez fueron calificados de «contratos menores» que no superaban el umbral de lo 40.00 euros.
En concreto, la magistrada se centra en las obras ejecutadas en su etapa como regidora entre 2018 y 2019 en las pistas correspondientes a las pedanías de Valuengo, La Bazana y Brovales. Según consta en su escrito, no habría resultado necesaria la «realización independiente de cada una de las partes del contrato por división en lotes». Lo cual, supone, habría permitido eludir los requisitos de publicidad que se requieren cuando los contratos que se realizan son de una cuantía superior.
Forzó 5 dimisiones
El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, anunció el pasado 16 de mayo su decisión de incorporar «de forma inmediata» como diputado en la Asamblea regional. Un movimiento que le otorgaba la condición de aforado tras ser procesado judicialmente por haber contratado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz.
El anuncio supuso un giro radical en su estrategia ya que el propio Gallardo había declarado públicamente en febrero que no entraría a formar parte del parlamento regional para que, en caso de ser procesado, nadie pensara que quisiera protegerse buscando estar aforado.
La juez que investiga al hermano del presidente socialista del Gobierno, Beatriz Biedma, que ha procesado por corrupción tanto a su hermano como al líder de los socialistas en Extremadura, ha señalado que Gallardo podría haber incurrido en un «fraude de ley» en su proceso para aforarse.
Gallardo, para poder acogerse a esta especie de privilegio para retrasar su procesamiento, obligó a dimitir primero a María de la Cruz Rodríguez Vegazo, que fuera su jefa de gabinete, y acto seguido a los cuatro diputados que iban en la lista para que él pudiera ocupar un escaño.
Se trataba de Pedro Blas Vadillo, Virginia Borrallo, Juan Francisco Ceballos y María Dolores Fernández. Todo ellos, se encontraban por delante del líder de los socialistas extremeños para poder optar a su condición como diputado en el parlamento regional.
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