Junts avisa: «Si alguno piensa que el conflicto entre Cataluña y España ha terminado, está equivocado»

Jordi Turull, secretario general de Junts, ha avisado este jueves, después de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de avalar la Ley de Amnistía, de que «si alguno piensa que el conflicto entre Cataluña y España ha terminado, está equivocado».

El dirigente independentista ha comparecido en una rueda de prensa junto al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, y asegura que el aval a la Ley de Amnistía supone «una gran victoria» de Cataluña y para el separatismo, al tiempo que urge al Tribunal Constitucional a posicionarse antes de las vacaciones de verano.

En su comparecencia, Turull ha explicado que han estado conectados con el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y con los ex consejeros Toni Comín y Lluís Puig, que han reaccionado «con una gran satisfacción porque el camino no ha sido nada sencillo».

«Cuando se persiste se gana. Hoy Europa ha hablado, a vuelto a hablar y de forma muy claro. Ya es la tercera victoria que hay en Europa», ha recalcado Turull, pese a admitir que esto no significa que Puigdemont pueda volver mañana a Cataluña porque, a su juicio, ahora deberán librar una nueva batalla con la cúpula judicial española.

Carles Puigdemont ha reaccionado minutos después, en su cuenta oficial de X, con un artículo en el que dice que «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado lo que ya sabíamos desde el primer día: que la Ley de Amnistía que exigimos para la investidura de Pedro Sánchez, y que aprobamos después de que se incorporaran las exigencias de Junts per Catalunya en relación con las fantasiosas acusaciones de terrorismo, no contradice en absoluto el derecho de la Unión».

Puigdemont avisa de que «si se siguen negando a aplicar la amnistía de forma integral no sólo estarán incumpliendo una ley aprobada por las Cortes y declarada constitucional sino que, además, estarán confrontándose con el derecho europeo. El TJUE no podía ser más nítido, y no ha dejado ninguna brecha a través de la que se pueda discutir nuestra victoria». A su vez, afirma que «es una victoria rotunda, un triunfo político del independentismo catalán ante los poderes del Estado español».

Reacciones de ERC

Oriol Junqueras, presidente de ERC, ha reaccionado a la decisión y asegura que «el TJUE ha hablado y valida la esencia de la Ley de Amnistía», asegurando que esto «es una victoria del independentismo», aunque «todavía incompleta». El dirigente separatista afirma que la sentencia ejerce como comprobante de que «la represión no podía ser la respuesta a un conflicto democrático» y pide al Tribunal Supremo que actúe «sin más dilaciones», porque «ya no hay excusas y la ley se tiene que aplicar».

Junqueras, afectado directamente por la norma, ha asegurado que todos los afectados «tienen que ser amnistiados de manera inmediata», a pesar de que la decisión del TJUE no implica que se mantenga vigente la pena de inhabilitación hasta 2031. «Los derechos políticos no pueden depender de una parte de la judicatura con intereses partidistas», ha subrayado el dirigente de ERC, en la misma línea.

En su cuenta oficial de X, Gabriel Rufián ha dicho que «la única duda es si el Supremo y en concreto Marchena aplicará una sentencia basada en una lógica que le trasciende» o si el juez «seguirá aplicando una venganza basada en un patriotismo frágil y tóxico».

El portavoz de ERC asegura que «hay dos claves», enumerando la primera como que «todo pasa en plena guerra judicial contra el Gobierno» y la segunda en que «El PP y Junts hablan, pactan y votan como nunca». «Veremos que corriente se impone», ha finalizado Rufián.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha ido en la misma línea que los partidos independentistas, y en una declaración desde el Palacio de la Generalitat, el socialista se ha felicitado por la decisión del TJUE sobre la Ley de Amnistía, asegurando que «el tiempo» les ha «dado la razón», y pide a los tribunales españoles una aplicación «diligente, integral y sin subterfugios», alegando que «ya no hay ningún obstáculo que impida la plena aplicación de la ley».