España
Justicia

Txapote y Amaia se sientan en el banquillo por el asesinato de Francisco Arratibel a manos de ETA

Antes de asesinarlo en mitad del carnaval, el empresario sufrió el acoso de los terroristas por el 'impuesto revolucionario'

Casi 30 años después del asesinato de Francisco Arratibel a manos de los terroristas de ETA, la Audiencia Nacional ha procesado a Javier García Gaztelu, alias Txapote, e Irantzu Gallastegui, alias Amaia. También sentará en el banquillo a 4 de los jefes de entonces de ETA por el delito de asesinato terrorista. El crimen contra el empresario se cometió en la localidad guipuzcoana de Tolosa, en febrero de 1997.

La juez María Tardón subraya que todos ellos formaban parte del comité ejecutivo de ETA, tanto en el momento en el que se decidió llevar a cabo el asesinato como en el momento de la planificación y de la materialización del mismo. Los otros cuatro procesados, junto a Txapote y Amaia, son José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri; Miguel Albisu Iriarte, Mikel Antza; Ignacio Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería; y Soledad Iparraguirre, Anboto.

El mismo año del atentado terrorista se archivó la causa por falta de indicios. Sin embargo, la aparición de nuevas evidencias permitió reabrirla en 2013. Precisamente todas esas evidencias recabadas contra los procesados son las que expone la magistrada en su resolución: desde la pericial de la bala que se utilizó para asesinar al empresario hasta el comunicado con el que la banda terrorista ETA reivindicó el atentado, o un informe de la Guardia Civil en el que se identificaba a los dos miembros liberados de ETA como posibles autores materiales del atentado.

El asesinato de Arratibel a manos de ETA

El 11 de febrero de 1997, Francisco Arratibel fue al Carnaval de Tolosa, como acostumbraba. Era la primera vez en 18 años que no lo acompañaba su mujer, con la que tenía previsto encontrarse más tarde. El empresario se fue con uno de sus hijos, de 12 años, mientras que el otro se había quedado en casa con su madre para prepararse un examen. ETA lo había marcado como uno de sus objetivos del impuesto revolucionario con el que chantajeaban a los industriales, por lo que fue objeto de una campaña de acoso. A las 11:50 horas, en el carnaval, un hombre disfrazado para evitar que se le reconociera le dio un tiro en la nuca y huyó.

La resolución de la jueza de la Audiencia Nacional detalla que en aquel momento era Miguel Albisu quien dirigía el aparato político de la banda terrorista, mientras que al frente del aparato militar -el brazo armado- estaban Arizcuren Ruiz y Gracia Arregui y a cargo de los comandos legales Soledad Iparraguirre.

Asimismo, el auto recoge que ETA ya había atentado un año antes contra la empresa de Francisco Arratibel, en la que colocó un artefacto explosivo, aunque no logró su propósito por un fallo en el encendido que evitó la explosión. Así, un año después, indica, los miembros del comando Donosti -que estaba integrado por Txapote y Amaia- dispararon a la víctima en la nunca, «a una distancia ligeramente superior al cañón tocante». En el sangriento historial de Txapote hya más de medio centenar de crímenes, también los de Miguel Ángel Blanco o Fernando Múgica.

«El disparo fue efectuado por Javier García Gaztelu [Txapote] que iba disfrazado con una peluca y bigote, recogiéndose en el lugar un casquillo de bala procedente de una pistola FN Browning modelo HP-1.935. En el acto fue ayudado por Irantzu Gallastegui Sodupe [Amaia], quien le acompañó en la huida por las calles de Tolosa», explica la magistrada.

Dos miembros de ETA, en calidad de testigos protegidos, explicaron en sede judicial que en 1997 la dirección de la banda terrorista «marcaba asesinatos selectivos» en los que escogían a víctimas del mundo de la política y del mundo empresarial. Esas dos declaraciones también se han incorporado a la causa.

La juez María Tardón ha citado a los seis encausados el próximo 24 de julio, momento en el que se les tomará declaración indagatoria tras comunicarles el auto de procesamiento. Comparecerán mediante videoconferencia desde los centros penitenciarios en los que cumplen condena.