El juez Velasco investigará al Gobierno de Siria por crímenes terroristas

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha admitido este lunes a trámite la querella que interpuso una mujer española contra el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad por un delito de terrorismo en relación con la muerte de su hermano, de nacionalidad siria.

Velasco, que investigará estos hechos como delitos de terrorismo y desaparición forzada, ha adoptado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía que se opuso a la admisión de la querella por carecer la víctima de la nacionalidad española.

En el auto de admisión a trámite, en el que imputa a nueve altos mandos del régimen sirio, el juez llama también a declarar, el 9 y 10 de mayo, a testigos y peritos, entre ellos el periodista Javier Espinosa, que estuvo secuestrado en Siria, y la mujer que presentó la querella, Amal Hag-Hamdo Anfalis.

Velasco, que llega a proponer a Eurojust un equipo conjunto de investigación al régimen sirio, cita también a un testigo conocido como ‘César’, antiguo policía militar forense sirio que, según la querella, sería quien habría realizado las fotografías de personas ejecutadas en los centros de detención ilegal.

Según la querella, la denunciante, de nacionalidad española, es víctima de la detención forzada, la tortura y la ejecución de su hermano, por lo que en virtud de la Ley de justicia universal, reformada en 2014, «los tribunales españoles ostentan jurisdicción para investigar y enjuiciar estos hechos, constitutivos de un delito de terrorismo».

Para el juez, la mujer se puede considerar «víctima indirecta» de acuerdo a la Ley española del Estatuto de la víctima del delito, que considera que lo son los hermanos «en los casos de muerte o desaparición de una persona que haya sido causada directamente por un delito».

La Fiscalía, por contra, consideró «evidente que la condición de ‘víctima’ sólo puede identificarse con el sujeto pasivo del delito» y las víctimas indirectas o perjudicados «lo son exclusivamente a efectos indemnizatorios o de reparación del daño causado».

En el auto, el juez también se escuda para investigar estos hechos en que la ONU intentó llevar el caso a la Corte Penal Internacional pero el veto de China y Rusia lo impidió, tras lo que la Comisión de Investigación Internacional independiente sobre Siria pidió que se aplicaran la vía complementaria de los tribunales nacionales.

Velasco acuerda además que se notifique la querella a los ocho miembros de las fuerzas de Seguridad e Inteligencia sirias contra los que se dirige este procedimiento a través de comisión rogatoria, haciéndoles saber que deben nombrar abogado y procurador en España.

Requiere asimismo de Eurojust que proceda a averiguar si existen denuncias de otros países de la Unión Europea que investiguen delitos cometidos por el régimen sirio para la posible constitución de un equipo conjunto de investigación.

Esta decisión podría ser recurrida por la Fiscalía ante la Sala de lo Penal de la Audiencia, que tendría la última palabra para determinar si la Justicia española es competente para investigar los hechos.

La querella fue interpuesta a través de un equipo de abogados y en ella se relataba cómo el Estado sirio, liderado por Al-Assad, cometió, a través de sus fuerzas de seguridad e inteligencia, un delito de terrorismo contra la población civil a raíz de las revueltas de la llamada Primavera Árabe en 2011.

En ella se relata cómo el Estado sirio elaboró un plan de seguridad nacional destinado a acabar con las protestas y cualquier tipo de disidencia mediante detenciones, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones sistemáticas.

Como parte de ese plan, las fuerzas de seguridad sirias —prosiguen los denunciantes— empezaron a fotografiar los miles de cadáveres provenientes de estos centros de detención ilegal para generar un escrupuloso registro de la represión.

En septiembre de 2013, un policía forense desertó y consiguió salir de Siria, llevándose más de 50.000 fotografías. El archivo de ‘César’, alias con el que se conoce a este policía, contiene fotografías de los cuerpos torturados y mutilados de más de 6.000 víctimas.

Varias de esas fotografías —según los denunciantes— corresponden al cuerpo torturado y sin vida del hermano de la querellante, que fue detenido ilegalmente en febrero de 2013 a manos de las fuerzas de seguridad.