El juez tumba la maniobra del PSOE para amordazar a Aldama y rechaza su ingreso en prisión
El juez advierte sobre el posible "abuso procesal" que implicaría tomar esa medida
La petición llegaba en medio del terremoto en el seno de la formación por las confesiones del empresario
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso hidrocarburos, ha rechazado la petición del PSOE de devolver a prisión comunicada sin fianza al empresario Víctor del Aldama. El partido de Pedro Sánchez lo había solicitado como acusación popular, una figura jurídica que los propios socialistas habían pedido limitar. El escrito llegaba en medio del terremoto en el seno de la formación que han provocado las acusaciones de Aldama a varios altos cargos socialistas.
La Audiencia Nacional pone el foco en que sólo se puede acordar la prisión si se aporten nuevos hechos relevantes. Si no, el juez no estaría obligado a acordar la medida. Y es que, de hacerlo, se podría «vulnerar el derecho a la estabilidad procesal que evita el abuso procesal» y, a su vez, no existe «base jurídica suficiente» para «revisar una medida que ya fue decidida».
El auto del magistrado Pedraz también apunta que, si se llegase a acordar una medida de tal calado, habría que justificarla con el riesgo de fuga, la reiteración delictiva o la destrucción de pruebas.
En opinión del juez, los argumentos del PSOE no incluían pruebas para considerar que se daban nuevos datos relevantes. «Desde luego no lo son las entrevistas o comparecencias públicas que haya podido realizar el investigado, lo acontecido en el Tribunal Supremo o en el Senado, pues son cuestiones que no afectan a esta causa. Los ataques al PSOE o a otras personas, como si Vítor de Aldama colabore o deje de colaborar en otras causas, no suponen, por tanto, hecho nuevo alguno», señala en su escrito.
Por otro lado, también rechaza la justificación del PSOE de que Aldama estaba reiterando su actividad delictiva o que estaba destruyendo pruebas. A ojos del juez Pedraz, los hechos que relataba el partido de Sánchez en su escrito no prueban esas acusaciones. «El hecho de reunirse con otro u otros investigados desde luego no lo es (no hay medida que se haya acordado al efecto), aparte que en el atestado tan solo se significa que pudiera (ser) el retorno de documentación y que luego no se encontró. Obviamente, no puede deducirse, a falta de otros datos, que se estuvieran ocultando pruebas», incide el auto del juez.
En esa misma línea, el magistrado indica que la otra acusación que hace el PSOE, aludiendo a un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que menciona a otra persona involucrada en la causa, «no es a Víctor de Aldama, sino a otro investigado». «A la fecha actual en la causa no consta que se colige la permanencia en la comisión del delito de dicho investigado», subraya el juez.
Solicitado por el PSOE
El PSOE solicitó la «prisión provisional, comunicada y sin fianza» para Aldama. Y lo justificaba en que las razones «para decretar la libertad provisional» ya se «han visto desautorizadas».
Recordaban los socialistas que en octubre se decretó prisión provisional teniendo en cuenta «la gravedad del delito, la pena que en su caso pudiera imponerse» y la cantidad de «mucho material de las entradas y registros por analizar, de forma que podrían acordarse nuevas diligencias, a lo que se unen las medidas cautelares reales decretadas para recuperar en lo posible lo defraudado».
Más allá de esto, el PSOE aseguraba que «puede concluirse» que la libertad que se ha concedido al empresario «está poniendo en serio riesgo el esclarecimiento de los hechos y el éxito de la investigación en este procedimiento». El partido de Sánchez mencionaba un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que aseguraban que las diligencias «no permiten recabar la información necesaria para progresar en las líneas de investigación que actualmente se desarrollan».
Por otro lado, señalaba que, tras su liberación, Aldama se estaba reuniendo con otro miembro de la trama, Luis Alberto Escolano. «La finalidad del encuentro pudiera (ser) el retorno de documentación a su propietario, Víctor Aldama», evidenciaba el informe de la UCO. Y el PSOE añadió que esos documentos no fueron encontrados «en los registros acordados».
Los socialistas también afeaban que Aldama no había contribuido con la Justicia y que «se limitó a desplegar un relato denigrante contra responsables del PSOE». El PSOE se querelló por ello ante el Supremo pero éste denegó la petición a la vez que admitían que sólo «en este momento» las palabras de Aldama eran «únicamente afirmaciones» que resultaban «inhábiles para reputarse indicios sólidos». Por último, advierte el PSOE también del «peligro de que los investigados cometan otros hechos delictivos o reiteren los mismos ya cometidos».
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