Al PSOE le gusta la acusación popular si es contra Aldama: pide al juez prisión sin fianza para callarle

El PSOE, acusación popular en el caso hidrocarburos, en el que se investiga un presunto desfalco de más de 180 millones de euros a través del fraude del IVA en la venta de productos derivados del petróleo, ha pedido al juez que devuelva a prisión sin fianza al empresario Víctor de Aldama.

El partido de Pedro Sánchez lo exige haciendo uso de su condición de acusación popular, algo que pretende limitar. El PSOE presentó una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para amordazar el ejercicio de este derecho a los partidos políticos. Y todo ello, en medio del terremoto en el seno de la formación que han provocado las acusaciones de Aldama a varios altos cargos socialistas.

El escrito presentado por el PSOE solicita la «prisión provisional, comunicada y sin fianza» para Aldama. Y lo justifica en que las razones «para decretar la libertad provisional» ya se «han visto desautorizadas», en su opinión.

Recuerdan los socialistas que en octubre se decretó prisión provisional teniendo en cuenta «la gravedad del delito, la pena que en su caso pudiera imponerse» y la cantidad de «mucho material de las entradas y registros por analizar, de forma que podrían acordarse nuevas diligencias, a lo que se unen las medidas cautelares reales decretadas para recuperar en lo posible lo defraudado».

El PSOE ha rememorado que el juez de la Audiencia Nacional instructor de la causa, Santiago Pedraz, y la Fiscalía coincidieron en que la razón por la que el empresario fue liberado era porque iba a colaborar con la Justicia. Sin embargo, ha afeado que estas pretensiones «se han visto defraudadas». «La supuesta colaboración con la justicia que ofreció Víctor Aldama era una falacia. Sus imputaciones dirigidas a terceras personas no han sido corroboradas con pruebas», han lamentado los socialistas en su escrito al juez.

«Está en riesgo esclarecer los hechos»

Más allá de esto, el PSOE asegura que «puede concluirse» que la libertad que se ha concedido al empresario «está poniendo en serio riesgo el esclarecimiento de los hechos y el éxito de la investigación en este procedimiento». El partido de Sánchez menciona un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que aseguran que las diligencias «no permiten recabar la información necesaria para progresar en las líneas de investigación que actualmente se desarrollan».

Por otro lado, señala que, tras su liberación, Aldama se estaba reuniendo con otro miembro de la trama, Luis Alberto Escolano. «La finalidad del encuentro pudiera (ser) el retorno de documentación a su propietario, Víctor Aldama», señalaba el informe de la UCO. Y el PSOE ha añadido que esos documentos no fueron encontrados «en los registros acordados».

«No consta que el señor Aldama haya reconocido su participación en este fraude de más de doscientos millones de euros, ni esté dispuesto a confesar la localización del dinero defraudado», ha acusado el PSOE en su escrito al juez Pedraz.

En ese sentido, también critica que el empresario «se limitó a
desplegar un relato denigrante contra responsables del Partido Socialista». El PSOE se querelló por ello ante el Supremo pero éste denegó la petición a la vez que admitían que sólo «en este momento» las palabras de Aldama eran «únicamente afirmaciones» que resultaban «inhábiles para reputarse indicios sólidos». Por último, advierte el PSOE también del «peligro de que los investigados cometan otros hechos delictivos o reiteren los mismos ya cometidos».