El juez suspende la declaración de 6 agentes de la UCO hasta que Granados pague una fianza de 6.000€

El Juzgado de Instrucción nº 29 de Madrid ha paralizado la citación como imputados de los 6 agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil UCO que investigan la trama Púnica por presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, tras la denuncia del exconsejero madrileño, Francisco Granados, al que reclaman la presentación de una querella como acusación popular y una fianza de 6.000 euros.

El exdirigente popular denunció el pasado mes de noviembre a los agentes por no investigar la supuesta vinculación del denominado cerebro de la trama corrupta, David Marjaliza, con el narcotráfico, referenciada en algunos informes policiales de la causa.

El auto remitido por el Juzgado de Instrucción nº 29 de Madrid, al que ha tenido acceso OKDIARIO, señala que «visto el estado de la causa, no siendo el denunciante Sr. Granados Lerena, ofendido por el delito denunciado, requiérasele para que en el plazo de ocho días si a su derecho interesa ejercer la acción popular formule querella y preste fianza por importe de 6.000 euros, conforme al artículo 280 de la Lecrim, quedando en suspenso las declaraciones señaladas hasta tanto se cumplimente lo acordado».

El pasado 31 de enero dicho Juzgado acordaba la citación de los agentes denunciados para el próximo 19 de febrero, una semana después de la declaración voluntaria que efectuará el propio Francisco Granados ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el marco de la trama Púnica.

El juez tomaba esta decisión tras admitir a trámite la denuncia y recibir un informe sobre los hechos solicitado a la Unidad Adscrita de Policía Judicial. Ahora este mandato judicial queda en suspenso, hasta que Granados se decida presentar una querella como acusación popular.

En la citada denuncia presentada por el exdirigente del PP, se hacía referencia el oficio redactado por uno de los agentes con fecha 12 de febrero de 2015, en el que se constataba el supuesto delito de revelación de secretos juzgado recientemente en el denominado caso Talamino: “Recogió hechos que sucedieron coetáneamente a la vez que la salud pública, pero simplemente hablan de un supuesto delito de revelación de secretos, dejando de lado la persecución de un delito contra al salud pública”.

“Llamamos la atención del juzgador”, enfatizaba la denuncia, “en el sentido que en ese mismo oficio, que da pie a un presunto delito de revelación de secretos y a una pieza que se celebró en el mes de noviembre de 2017, a pesar de ser las mismas escuchas para ese agente instructor, no dio pie a un delito contra la salud pública y blanqueo de capitales derivado de esta organización».

“No consta que los referidos agentes hayan iniciado ningún tipo de acción en defensa de la legalidad y del  interés  público, motivo por el cual se interpone la presente denuncia, es más, conocedores de estos hechos han contribuido y cooperado en los más absoluto de los silencios para que el investigado en la causa de la Audiencia Nacional, Marjaliza, obtuviera el beneficio del ‘perdón tacito’… o a la sazón obtener el premio a la futura cooperación”, concluía la denuncia.

El abogado de Granados, Javier Vasallo, presentaba una segunda denuncia contra el propio David Marjaliza en la que señalaba que “a lo largo de la instrucción, así como durante las sesiones del juicio oral de la referida pieza (caso Talamino), de la declaración de David Marjaliza, se desprendieron numerosos indicios».,

«Además de las transcripciones de las conversaciones telefónicas intervenidas», añadía «que acreditan que por parte de Marjaliza, así como de Eduardo Arellano Céspedes y Santiago Taraviño Manzanero, se han podido consumar presuntos delitos contra la salud pública o blanqueo de capitales”.