La UCO pide las cuentas bancarias de Santos Cerdán, su mujer Paqui, su hermana y sus padres
También piden información a la Agencia Tributaria sobre el patrimonio de Cerdán entre 2014 y 2024
La UCO pide al juez que solicite las cuentas bancarias del ex diputado Santos Cerdán, su mujer Francisca Muñoz Cano, conocida como Paqui, su hermana la política Belén Cerdán León y sus padres también ex candidatos del PSOE Santos Cerdán Carmona y Teresa León Pérez.
La decisión se produce tras la entrega de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, según consta en el documento, «muestra hechos compatibles con presuntas actividades ilícitas asociadas a la contratación pública llevadas a cabo por los investigados en esta causa especial».
De este modo, se abre a investigar el patrimonio bancario de Santos Cerdán en una resolución fechada a este 18 de junio de 2025. El juez detalla que «la progresión de esta línea de investigación, en relación con la presunta organización criminal investigada, requiere, entre otras acciones, el inicio de unas indagatorias sobre el mencionado diputado».
Los bancos en los que Santos Cerdán tenga cuentas abiertas tendrán que remitir a la UCO la información solicitada. Además, las entidades bancarias también deberán facilitar información sobre «todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al SEPBLAC sobre las indicadas cuentas bancarias, sus titulares o personas autorizadas, así como los expedientes, informes o análisis internos que sustenten dichas comunicaciones».
Información sobre movimientos
También se pide que se aporte información sobre el seguimiento de los movimientos bancarios. La UCO pide los saldos, ingresos y pagos desde el 1 de enero de 2014.
La orden judicial establece que la información debe ser facilitada por los Servicios Centrales, no debiendo comunicarse a las oficinas o sucursales donde esté abierta la cuenta bancaria ni con el titular objeto del mandamiento o persona alguna ajena a la entidad. Esta medida busca preservar la confidencialidad de la investigación.
Datos tributarios de Cerdán
Paralelamente a la investigación bancaria, también se ha solicitado a la Agencia Española de la Administración Tributaria (AEAT) que aporte «el correspondiente Informe de Suministro a los Juzgados de la persona física que se detalla en la siguiente tabla y para el período comprendido entre los ejercicios 2014 a 2024, ambos incluidos».
La solicitud a la AEAT abarca múltiples aspectos patrimoniales y fiscales. Entre la información requerida destacan «cuentas bancarias en las que figuren como titulares, autorizados o cualquier otra figura», así como «transmisiones de valores, rentas explícitas e implícitas, cheques y fondos de inversión».
También se solicita información sobre «bienes inmuebles (urbana catastral, rústica catastral, transmisiones patrimoniales, notarios/registradores, préstamos hipotecarios) y bienes muebles».
El requerimiento, además, incluye datos sobre información sobre relaciones societarias y bienes en el extranjero.
Mordidas en adjudicaciones
El origen de la investigación se encuentra en presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes dirigido por el PSOE. Según el documento judicial, la UCO ha identificado indicios que justifican la práctica de ulteriores diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
La investigación revela que Santos Cerdán figura entre los actores cuya «presunta participación» en los hechos investigados requiere un análisis más profundo.
El documento señala que dada la entrega del acta de diputado efectuada por Santos Cerdán el pasado 16 de junio, y la consiguiente pérdida de aforamiento, se solicita que se autoricen las correspondientes medidas judiciales.
La pérdida del aforamiento parlamentario permite que la investigación judicial pueda avanzar con mayor celeridad, al no requerir los procedimientos especiales que protegen a los diputados en ejercicio. La decisión del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en una causa que podría tener importantes repercusiones políticas y judiciales.
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