El juez que investiga el 1-O pide explicaciones a la interventora por las facturas que oculta

La Guardia Civil ha solicitado de nuevo al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que emita un mandamiento judicial para que la interventora de la Generalitat de Cataluña «haga entrega inmediata» de las facturas relativas al pago de los observadores internacionales del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Los investigadores ya emitieron un informe al Juzgado en el que solicitaban información a la interventora por los descuadres en la información de tres partidas que suman 306.361 euros y que estaban relacionadas con el pago de observadores –»Análisis del contexto político de Cataluña (relacionado con Helena Catt)»; «trabajo de expertos Europa» y ‘Programa de visitantes internacionales’–.

La interventora remitió de nuevo información al Juzgado el 28 de septiembre que no ha satisfecho las demandas del instituto armado, quienes en su informe del 2 de octubre consideran que aún están sin aclarar varias cuestiones.

Entre otras, el motivo por el que tanto el Diplocat como la Unidad gestora de la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea del Departamento de Acción Exterior, que dirigía Raül Romeva, tienen una partida presupuestaria con la misma numeración, como es la D/22600052310.

Según respondió la interventora, esa partida presupuestaria corresponde a la Unidad gestora de la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea, del Departamento de Romeva.

Sin las facturas de Diplocat

Añade en su respuesta que «en el sistema de contabilidad no consta transferencias de esta partida al Diplocat» y añade que «parte de los gastos de esa partida han sido destinados a financiar actuaciones relacionadas con las siguientes actividades: «Análisis del contexto político de Cataluña (relacionado con Helena Catt)», 206.371,49 euros; «trabajo de expertos Europa», con 34.763,43 euros y ‘Programa de visitantes internacionales’, con 64.654,09 euros.

No obstante, la interventora expone, además que: «El Diplocat dispone de una partida en su presupuesto con la misma numeración D/22600052310, de la que la Intervención General no cuenta con toda la información». Por ello, la Guardia Civil insiste en que la Interventora de la Generalitat aclare estos extremos.

Y la reclaman todas las facturas que aparecen en las actividades del Diplocat registradas en el Gefact (Sistema de recepción de facturas electrónicas de la Generalitat) y en concreto, que la Interventora explique qué importe suponen y qué actividad representan esas tres que suman 306.361 euros.

Además, manifiestan su sorpresa porque en la respuesta que ha dado la Interventora al Juzgado, los datos que aporta sobre esas facturas no cuadran con los datos que tiene la Guardia Civil y que están volcados en el Gefact. De hecho, en la tercera partida, la del programa de visitantes y con número A170928, que la Interventora dice que es de 64.654,09 euros, y que según los datos que tenía la Guardia Civil era de 65.226 euros.

«A la mayor brevedad posible»

Por ello, sostienen que la Interventora debe entregar las copias de las facturas de forma «inmediata», y emitir un informe «a la mayor brevedad posible» en el que explique a qué partida presupuestaria se han repercutido, por qué constan en el Gefact si no se repercutieron a ninguna partida, cómo y de dónde se pagan las mismas y qué papel desarrolla la Intervención General para con esas facturas.

También preguntan por qué la interventora no hace ninguna mención en su primer informe, contestando al mandamiento que la realizó el juez el 25 de septiembre.