Un juez se plantea paralizar la tramitación de la ley de amnistía y comunica a Armengol que está demandada

• Roberto Pérez @Robertoperezbc
• Periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Especialista en sector público, economía política y presupuestaria, e instituciones político-administrativas. Trabajó para Agencia Efe y Cope, ejerció durante más de 20 años en ABC -etapa que incluyó el ejercicio temporal de la corresponsalía de Nueva York- y actualmente es subdirector de OKDIARIO.
• • 04/11/2023 16:46
  • Actualizado: 04/11/2023 16:52

Un juez de Madrid se está planteando paralizar cautelarmente la tramitación parlamentaria y votación de la proposición de ley de amnistía pactada por el PSOE de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes. Asimismo, en el marco de las diligencias que ha impulsado, el titular del juzgado de Primera Instancia número 104 de Madrid ha notificado como demandados a la socialista Francina Armengol, en su calidad de presidenta del Congreso de los Diputados, así como al resto de miembros de la Mesa de la Cámara, por la responsabilidad directa que tienen en dar luz verde a la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía. También se convoca como demandados a los grupos parlamentarios que han promovido esta proposición de ley: PSOE, Junts, ERC y Sumar.

De las más de 3.000 demandas judiciales presentadas por ciudadanos particulares contra esa ley, esta es la primera que se admite a trámite. Todas ellas tienen el mismo planteamiento: sostienen que la amnistía debe frenarse porque vulnera derechos constitucionales fundamentales; en concreto, el de igualdad de los ciudadanos ante la ley, al colocar a los implicados en el golpe independentista catalán al margen del Estado de derecho, blindados por una decisión partidista concedida por quien aspira a seguir presidiendo el Gobierno de España, Pedro Sánchez, a cambio del voto de los partidos secesionistas de Cataluña.

Estos miles de demandas responden a una iniciativa lanzada por un grupo de abogados, dirigidos por el sevillano José Luis Sariego Morillo, que elaboró un modelo tipo de reclamación judicial contra la aprobación de la ley de amnistía.

Una vez admitida a trámite esta primera demanda, el juez debe entrar ahora en el fondo del asunto y determinar si, efectivamente, procede considerar que el contenido de la proposición de ley de amnistía incurre en posible vulneración de derechos fundamentales. Y, como paso previo, ha de resolver sobre la medida cautelar que se solicita igualmente en esa demanda: paralizar la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía hasta que haya una sentencia judicial sobre el fondo del asunto, sobre la legalidad o no de esta iniciativa legislativa pactada entre el PSOE de Sánchez y los independentistas catalanes.

Derecho de igualdad

Así, en este primera demanda, su promotor indica que «la posible vulneración del derecho a la igualdad de trato hacia mi persona se basa en las negociaciones que se están celebrando entre las partes demandadas para aprobar una ley de amnistía, la cual rompe por completo la igualdad de trato de todos los españoles, ya que se pretende amnistiar a unas personas determinadas mediante un acto político y no de justicia rogada o de gracia», según ha informado el despacho de abogados Pérez-Roldán.

La vista previa para abordar la medida cautelar solicitada se ha fijado para el próximo 13 de noviembre. Si el juez que instruye esta demanda acepta la medida cautelar que se solicita en ella, Armengol y el resto de miembros de la Mesa del Congreso tendrían que impedir la tramitación de la ley de amnistía, que quedaría paralizada hasta que hubiera una sentencia respecto al fondo del asunto. Si existiera una orden judicial de paralización cautelar y fuera desatendida por la presidenta y por la Mesa del Congreso, los responsables podrían incurrir en un delito de desobediencia contra la Administración de Justicia.

Eso sí, también cabe la posibilidad de que el juez opte por no admitir esa paralización cautelar, lo que permitiría tramitar y aprobar la proposición de ley, aunque no existiera aún sentencia sobre su legalidad.

A partir de ahora, además, queda por ver qué hacen el resto de juzgados de España a los que han llegado las más de 3.000 demandas presentadas en el mismo tenor por otros tantos ciudadanos.