El juez de Lezo deja en libertad a Rodríguez Sobrino tras abonar una fianza de 100.000 euros

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado la libertad provisional de Edmundo Rodríguez Sobrino, investigado en el denominado caso Lezo, una vez depositada la fianza de 100.000 euros fijada para salir de prisión.

En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia, le impone como medidas cautelares, entre otras, la prohibición de salida del territorio nacional, la entrega del pasaporte y las comparecencias quincenales ante el Juzgado más próximo a su domicilio.

El instructor del caso Lezo fijaba el pasado viernes la fianza de 100.000 euros en metálico para el expresidente de Inassa y mano derecha de González en los negocios del Canal de Isabel II en Sudamérica.

De esta forma, Rodríguez Sobrino abandonará la prisión madrileña de Estremera donde se encuentra encarcelado cuando abone el pago en las próximas horas. El que fuera presidente de la filial colombina del Canal de Isabel II, Inassa, ingresó en prisión tras estallar el caso Lezo el pasado 21 de abril.

En otro auto emitido el pasado viernes, el magistrado consideraba “inexistente” el peligro de fuga que se apreció en su día respecto del investigado. Valoraba igualmente que tampoco hay peligro de destrucción de pruebas, además de tener en cuenta la colaboración del empresario con la justicia al haber señalado la existencia de “activos patrimoniales que proceden indiciariamente de las arcas públicas procedentes de comisiones ilegales” que se habrían repartido los integrantes de la trama.

En los últimos meses, Rodríguez Sobrino ha declarado ante el instructor del caso Lezo y la Fiscalía reconociendo “haber cobrado comisiones junto a González”. De hecho, confesó el cobro de 2,5 millones de dólares en la empresa de aguas madrileña y ha devuelto el dinero, que lo tenía oculto en Suiza y Panamá.

También el pasado viernes, el instructor de Lezo archivaba las acusaciones de presunto blanqueo de capitales contra el padre de González, Pablo González Liberal, al considerar que “no existen indicios” del origen delictivo de los fondos utilizados para devolver los préstamos suscritos entre el propio González y su padre de 91 años.