El juez del Tribunal Supremo prohíbe a Aldama salir de España y le retira el pasaporte

El magistrado Leopoldo Puente, instructor del Tribunal Supremo, ha ratificado este lunes las medidas cautelares impuestas al empresario Víctor de Aldama, investigado en el caso de los contratos de las mascarillas donde se desviaron comisiones millonarias. Las medidas, que incluyen la prohibición de salir del país con retirada del pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente ante el tribunal, fueron solicitadas por la Fiscalía y la acusación popular, y aceptadas por la defensa del acusado.

Estas disposiciones mantienen las establecidas originalmente por el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional en febrero. Puente justifica su decisión citando la persistencia de «indicios de criminalidad» relacionados con posibles delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

El auto del juez, al que ha tenido acceso OKDIARIO, señala que estas medidas son necesarias para asegurar que de Aldama no eluda la justicia y comparezca cuando sea requerido. Además, advierte que el incumplimiento de estas obligaciones podría resultar en prisión provisional.

Cabe recordar que Aldama estuvo en la cárcel del 10 de octubre al 21 de noviembre, en el marco de otra investigación que dirige el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional por un presunto fraude de hidrocarburos. Quedó en libertad a petición de la Fiscalía Anticorrupción después de que declarara ante el juez Ismael Moreno como investigado en el ‘caso Koldo’.

La decisión se produce tras la declaración de Aldama ante el instructor, que según el auto, refuerza los indicios existentes al confirmar «en lo sustancial» lo manifestado anteriormente en la Audiencia Nacional.

El magistrado Puente justifica su decisión señalando que «persisten los indicios de criminalidad» que llevaron a la imposición inicial de estas medidas por parte de la Audiencia Nacional. Según el auto, estos indicios «no solo persisten, sino que se refuerzan» tras la declaración de De Aldama ante el Tribunal Supremo.

El juez considera que los delitos que podrían atribuirse al investigado, «con el provisionalísimo carácter que corresponde a este momento procesal», incluyen integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

En su resolución, el instructor subraya que las medidas cautelares impuestas son «precisas» para asegurar que el investigado no pueda sustraerse a la acción de la justicia y comparezca cuando sea llamado. Además, las califica de «plenamente proporcionadas» ya que «solo de forma ligera e indispensable limitan el ejercicio de su libertad ambulatoria».

El auto ordena también la apertura de una pieza separada sobre la situación personal del investigado y la comunicación de lo resuelto al Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) para su inscripción. Asimismo, se notificará la resolución al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, donde se inició originalmente la investigación.

Declaración

Aldama ha ampliado sus anteriores testimonios sobre una presunta trama de comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas. Durante más de tres horas de interrogatorio, Aldama ha afirmado que se pagaron entre 3,5 y 4 millones de euros en comisiones, que supuestamente se repartían entre él mismo, el ex ministro José Luis Ábalos, el ex asesor Koldo García y el PSOE. Según su testimonio, actuaba como «recaudador» de estas comisiones, que oscilaban entre el 1% y el 1,5% de cada contrato.

El empresario también menciona pagos en especie, incluyendo el alquiler de varios pisos en Madrid, supuestamente utilizados por Ábalos y el actual ministro Ángel Víctor Torres para reuniones y encuentros con «señoritas». Además, Aldama asegura haber entregado importantes sumas de dinero en efectivo a Ábalos y García.

En su declaración, Aldama ha reiterado la existencia de un «cupo» de empresas constructoras para las adjudicaciones, lo que habría provocado el enfado del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El investigado prometió aportar pruebas documentales, incluyendo conversaciones de WhatsApp, para respaldar sus afirmaciones.