La juez del 8-M avisa a Marlaska de que cometerá delito si difunde las investigaciones de la Guardia Civil

La manifestación del 8-M produjo que los contagios por coronavirus se multiplicaran. El Gobierno lo permitió aun sabiendo del riesgo y por ello está siendo investigado judicialmente. Precisamente por esta investigación el Ministerio del Interior ha destituido al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos.

La polémica ha estallado y la juez que investiga el 8-M se ha visto obligada a emitir una carta para lanzar una advertencia a Interior. Carmen Rodríguez-Medel ha remitido un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que dio orden expresa a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, de «guardar rigurosa reserva» sobre las investigaciones encomendadas, y advierte la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales.

Es escrito fue remitido este lunes al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, justo el día en el que el ministro Fernando Grande-Marlaska ha cesado «por pérdida de confianza» al coronel Pérez de los Cobos. Sectores del Instituto Armado relacionan el cese con los informes judicializados y declarados secretos sobre el 8-M y la gestión de Fernando Simón ante la pandemia de Covid-19.

La juez Carmen Rodríguez Medel mantiene abiertas unas diligencias en las que ha encargado a la Guardia Civil que investigue cómo actuaron las autoridades sanitarias y la Delegación del Gobierno durante el origen de la pandemia. Precisamente por esto ha citado a declarar como imputado el 5 de junio al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por permitir el 8-M.

En el oficio remitido al ‘número dos’ de Interior, la magistrada ha recordado que desde el primer día de la investigación «dio orden expresa a la Policía Judicial actuante de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubiera sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan».

La juez también recuerda que ya «enfatizó» que cualquier nota de prensa que desde Guardia Civil quisiera hacerse pública «debería contar previamente» con su autorización y que sería ella quien decidiría «no sólo el hecho en sí de facilitar dicha nota sino también su concreto contenido».

En esta misma línea, la magistrada advierte al secretario de Estado que la infracción de este deber «debe ser corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar», entre las que se contemplan las responsabilidades penales.

En caso de producirse estas últimas, según la juez, «podría dar lugar a la correspondiente investigación por parte de este juzgado», según establece el real decreto de junio de 1987 que regula el funcionamiento de la Policía Judicial.