El juez no archiva el caso de la cafetería de la Asamblea y señala «incompatibilidades» de Cifuentes

El magistrado de la Audiencia Nacional que instruye la trama Púnica, Manuel García Castellón, ha reflejado la «incompatibilidad» de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 ya que formó parte de la mesa de contratación y del comité de expertos que valoró las ofertas en la licitación.

De esta forma, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 desestima la solicitud de sobreseimiento formulada por la exjefa del Servicio Jurídico de la Comunidad de Madrid Tatiana Sonsoles Recoder, investigada en la causa, y le recuerda que el archivo de la investigación no se adopta cuando lo pide «la defensa del imputado» sino cuando termine la instrucción, por lo que continuará con las diligencias.

En un auto con fecha del 8 de abril al que ha tenido acceso Europa Press, García Castellón le responde que no existe evidencia de su falta de responsabilidad en la adjudicación de los servicios de la cafetería al grupo Cantoblanco del empresario y ex presidente de CEIM Arturo Fernández. Además le reprocha que no apreciara, bien por ignorancia o bien con cierta intencionalidad, la incompatibilidad de Cifuentes en calidad de miembro de la mesa de contratación y del comité de expertos para la adjudicación.

El juez califica de «precipitada y prematura» la petición del archivo de esta parte de la trama Púnica y considera que debe esperarse a que termine la instrucción (que se encuentra a mitad del proceso) para adoptar una «resolución concluyente» sobre estos hechos «de gran complejidad y calado».

Sospechas de la UCO

El pasado año, el magistrado citó como investigada a Recoder tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que obra en el sumario y en el que apuntó a la posible comisión de los delitos de cohecho y prevaricación por parte del comité de expertos que integraba en aquel momento Cifuentes. Según concluyeron, éste tuvo como única finalidad favorecer de manera preconcebida al Grupo Cantoblanco en los procesos de licitación y en la decisión de antemano de la adjudicación de los mismos.

La Guardia Civil relacionó las presuntas irregularidades en la adjudicación con donaciones realizadas por el entonces presidente de los empresarios madrileños a Fundescam —fundación del Gobierno madrileño—, que habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales del Partido Popular de Madrid.