Una juez ex alto cargo de Zapatero evita al Gobierno un juicio por los muebles del Pazo de Meirás
La juez cita a los Franco el 22 de octubre para decidir qué se pueden llevar del Pazo de Meirás
Los Franco piden imputar por prevaricación a la abogada del Estado por un informe del Pazo de Meirás
Admitido el recurso de los Franco por Meirás: habrá actuaciones antes de resolver sobre el mobiliario
La juez de la Audiencia Provincial que ha evitado que el Gobierno socialista tenga que ir a juicio por los muebles del Pazo de Meirás fue alto cargo de José Luis Rodríguez Zapatero. Caridad Hernández García, ponente del auto que archiva la querella de la familia Franco contra la jefa de Patrimonio Nacional que realizó el informe sobre la titularidad de los bienes hallados en el interior del edificio, fue directora general de Relaciones con la Administración de Justicia durante la segunda legislatura de Zapatero.
Fue en el año 2009 cuando Hernández García ocupó este cargo, uno de los de mayor rango dentro del Ministerio de Justicia. Tres años después, en enero de 2012, tras la derrota en las urnas del PSOE, la juez fue cesada de su cargo por el Gobierno del entonces recién investido Mariano Rajoy. La magistrada regresó a la carrera judicial y, el pasado 14 de febrero, fue la ponente del auto que ha decretado el archivo de la querella en la que los Franco acusan a la jefa de conservación de Patrimonio Nacional de los delitos de prevaricación, falsedad, revelación de secretos, falsedad o alteración de dictamen o testimonio pericial y estafa procesal en grado de tentativa.
En concreto, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la decisión de la juez instructora de admitir a trámite la citada querella, en la que la familia del dictador afirma que la funcionaria hizo un informe sobre la propiedad de los muebles del Pazo de Meirás a sabiendas de que excedía las funciones que tenía encomendadas por resolución judicial. Los Franco también señalan que la jefa de Patrimonio Nacional omitió intencionadamente datos para fundamentar la titularidad del Estado sobre determinados bienes que hay en el pazo, así como que filtró el mencionado informe a algunos medios de comunicación para perjudicar la imagen de los Franco.
Pugna por la titularidad
Para los nietos del dictador, la jefa de conservación de Patrimonio Nacional no formaba parte del grupo de especialistas designados a instancias de la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que en noviembre de 2020 acordó la realización de un inventario que abarcara la totalidad de los bienes existencias en el Pazo de Meirás. Su intervención, aseguran, «fue a instancias de la Abogacía del Estado» y su nombre fue propuesto «sorpresivamente» en el propio acto de inventariado.
Asimismo, consideran que la funcionaria se extralimitó en sus funciones. «Nunca le fue encomendado la elaboración de informe o anexo y mucho menos en los términos expuestos por ella misma para tratar de dilucidar si todavía quedaban en dicho edifico algunas obras de titularidad estatal concretamente pertenecientes a Patrimonio Nacional», referencia el auto al que ha tenido acceso OKDIARIO.
Por todo ello, así como por la filtración del informe a los medios de comunicación «con ánimo de perjudicar e influir en la opinión pública», la familia Franco presentó en febrero de 2021 una querella que, dos meses después, fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid.
La juez de instrucción ordenó entonces recabar documentación para decidir si en la actuación de la jefa de Patrimonio Nacional pudo mediar algún tipo de error, si actuó con conocimiento pleno de su supuesta extralimitación o si, por el contrario, hizo su informe según órdenes de sus superiores o a instancia de los mismos. Se incoaban así diligencias previas al entender que en la querella se relataban «hechos que pudieran ser constitutivos de delito».
Pese a ello, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, con la juez ex alto de Rodríguez Zapatero como ponente, paraliza la investigación tras estimar el recurso de la Abogacía del Estado al que, además, se había adherido el Ministerio Fiscal. Evita de este modo que prosigan unas diligencias que podrían llevar a juicio al Estado en la pugna por los muebles del Pazo de Meirás.
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