Los jueces piden al CGPJ un ‘gabinete de crisis’ único mientras dure el estado de alarma

Las cuatro asociaciones de jueces y magistrados piden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que active un ‘gabinete de crisis’ único para atender las consultas que se planteen a los tribunales durante la vigencia del estado de alarma decretado por el Gobierno. La parálisis de los procedimientos judiciales, salvo para las causas y actuaciones de urgencia, acordada el pasado viernes hace necesario, en opinión de los magistrados, «la creación de un Grupo de Asistencia». El órgano temporal estaría integrado tanto por representantes del Consejo como por dos miembros de cada asociación profesional y tendría como misión recibir y resolver, de forma unificada, las dudas que puedan surgir a sus compañeros jueces en las próximas semanas.

La decisión inicial de la Comisión Permanente del CGPJ, presidida por Carlos Lesmes, de no suspender las vistas judiciales y dejar en manos de cada juez la posibilidad de hacerlo, hizo estallar a los magistrados contra su presidente. El decreto ministerial de urgencia que declaró el estado de alarma en todo el país, obligó al Consejo a rectificar su postura y, el pasado viernes, en coordinación con Justicia y la Fiscalía General del Estado, se canceló la actividad judicial en España.

En los próximos 15 días, se mantendrán sólo la celebración de los servicios mínimos «esenciales». Es decir, defensa y asistencia de presos o detenidos, servicios de guardia en materia de violencia de género o actuaciones urgentes de vigilancia penitenciaria.

Los jueces y magistrados, a través de las cuatro entidades profesionales que los representan -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente y Jueces y Juezas para la Democracia- solicitan ahora al Consejo que active un mecanismo temporal que sirva para clarificar todas las preguntas que puedan plantearse a los jueces de guardia en las próximas semanas. La situación es inédita y se trata de «prestar apoyo» a quienes tengan que seguir atendiendo a quienes deban estar al frente de sus juzgados, pese a la alerta sanitaria, manifiestan a OKDIARIO.

Pánico en los juzgados

Las relaciones entre las entidades asociativas y el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, no pasan por su mejor momento. Hasta tal punto que los magistrados pidieron su dimisión al entender que las medidas adoptadas por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que encabeza Lesmes, fueron «insuficientes» para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria del coronavirus, ante el elevado riesgo de contagio a que se enfrentan los profesionales y los usuarios de la Justicia. El plan diseñado en un primer momento por el máximo órgano de gobierno de los jueces generó «verdadero pánico» en las sedes judiciales.

«Lejos de suponer una ayuda para frenar la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud con ocasión del coronavirus (COVID-19)», el protocolo aprobado por el CGP «ha traído caos, riesgo para la salud y desigualdad de trato en todo el territorio nacional y, especialmente, en la Comunidad de Madrid», aseguraron los portavoces de las principales asociaciones de jueces y fiscales. Esto generó algunas situaciones de «verdadero pánico entre el funcionariado», añadieron en un comunicado conjunto emitido la semana pasada.

En un nuevo comunicado conjunto, del que se ha desmarcado la APM, han trasladado un requerimiento a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud y al CGPJ para que en un plazo máximo de 24 horas «se dote a los juzgados de medios reales de protección individual y colectiva básicas para la prestación de servicios en los juzgados en toda España, en condiciones mínimas de seguridad y salud laboral, en especial en los órganos más expuestos en los que hay más carga de relación con los ciudadanos y oralidad e inmediación». Además, exigen » que se identifique a los responsables de los incumplimientos a fin de depurar responsabilidades futuras».

«De no hacerlo, acudiremos a la Autoridad Sanitaria y apoyaremos la sustitución de los servicios mínimos por el teletrabajo, según lo previsto en los artículos 21.2 y 3 de la Ley de Prevención de Riesgos de Laborales que reconocen el derecho al trabajador a interrumpir su actividad laboral y abandonar su puesto cuando considere que dicha situación entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud», advierten.