José Manuel Maza, un año en el cargo durante el que enfrió la crisis separatista catalana

José Manuel Maza Martín, fallecido hoy de forma repentina en una clínica de Buenos Aires en la que estaba siendo atendido de un proceso de infección, llevaba poco más de un año al frente de la Fiscalía Superior del Estado, órgano desde el que afrontó con contundencia la crisis soberanista catalana.

Maza fue propuesto por el Gobierno fiscal general del Estado el 11 de noviembre de 2016 en sustitución de Consuelo Madrigal, quien después de dos años en el cargo había cesado.

Nacido en Madrid, el 23 de octubre de 1951, él afirmaba sentirse segoviano, de donde es toda su familia. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid desde 1973, era además, diplomado en Criminología por la misma universidad.

En 1976 ingresó en la carrera judicial y como juez prestó sus servicios en los juzgados de Cangas (Pontevedra), Alacuás (Valencia), Alcorcón número 1 (Madrid) y en el juzgado de distrito número 9 de Madrid.

En junio de 1988 ascendió a magistrado y fue nombrado presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid, donde permaneció hasta su nombramiento, el 23 de enero de 2002, como magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Maza Martín fue elegido por doce votos, frente a los ocho que obtuvo Margarita Robles, para cubrir una vacante en la citada Sala.

Jurista de reconocido prestigio, como magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Maza Martín trató asuntos como los recursos presentados por el juez Garzón en los procedimientos que se le abrieron; examinó el caso del preso común que lleva más tiempo en prisión en España y redactó un voto particular en la sentencia contra el consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz.

En cuanto a Garzón, Maza Martín defendió en febrero de 2012 la sentencia condenatoria para el exjuez Baltasar Garzón por entender que este decidió investigar los crímenes del franquismo a sabiendas de que no podía.

Por ello, discrepó del resto de sus compañeros y les advirtió de que, con esa resolución, podía dar lugar a que los jueces puedan ampararse en la protección de las víctimas para imponer su voluntad al margen de la ley.

Un año después, votó en contra de otra sentencia del Tribunal Supremo, la que dejaba en libertad al etarra Igancio Pujana por anulación de la doctrina Parot. Lo mismo que hizo en mayo de 2014 cuando emitió su voto en contra en la sentencia del Supremo que confirmaba la absolución del etarra Txeroki por el atentado de Denia.

Tras las elecciones generales de junio de 2016, en noviembre fue propuesto como fiscal general y el día 25 de esa misma fecha, el Consejo de Ministros confirmó su nombramiento como fiscal general del Estado, una vez recibido el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y tomó posesión del cargo el 29.

En su año como fiscal general del Estado destacaron las querellas que presentó en la Audiencia Nacional contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y 13 exconsejeros del Govern por rebelión, sedición y malversación; y en el Supremo, por esos mismos delitos, contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia.